Ocho exdirectivos responden por la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en 2011

• Cuatro de los acusados se enfrentan a penas de 7,5 años de prisión
• La fiscalía cree que crearon beneficios ficticios y se lucraron
• La entidad fue adquirida en 2011 por un euro por el Banco de Sabadell
• Este lunes se ha abierto el juicio en la Audiencia con las cuestiones previas

El ex director general de la CAM a su llegada a la Audiencia

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes uno de los juicios derivados de la gestión de la cajas durante la crisis económica. Ocho exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se enfrentan a la sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que juzgará hasta el 21 de julio las presuntas irregularidades y responsabilidades que condujeron a la entidad a la quiebra en 2011.

La jornada inicial se ha dedicado a las cuestiones previas. Las acusaciones particulares han solicitado que se añadan a la causa las cuotas participativas comercializadas por la entidad desde 2008, y que no se limite a las de 2011.

En el auto de procesamiento, la juez de Instrucción Carmen Lamela mantenía como parte de esta pieza principal únicamente las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM.

El fiscal Luis Rodríguez Sol se ha opuesto a la inclusión soliticitada por la acusación. El fiscal ha expuesto en su turno de palabra que la comercialización de participativas se estudió en una pieza separada y por tanto es un tema "zanjado".

Antes de debatir esta cuestión en el interior del juzgado, una veintena de afectados llegados desde Alicante -las cuotas participativas de la CAM que alcanzaron a unos 55.000 ahorradores- han increpado a los ocho exdirectivos acusados a su llegada a la Audiencia.

Penas de hasta 7,5 años de cárcel

Al comienzo del juicio oral, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García.

Asimismo, el Ministerio Público reclama una pena de un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y para el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Para el ex director general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, el fiscal solicita una pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros.

Adjudicada en 2011 por un euro

La Caja de Ahorros del Mediterráneo fue adjudicada en diciembre de 2011 por un euro al Banco de Sabadell, después de haber declarado en marzo beneficios de 38,9 millones de euros. Tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

La CAM tuvo que ser intervenida por el Banco de España el 23 de julio, que sustituyó a sus administradores y aprobó una inyección de 2.800 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Fue precisamente este fondo el que elaboró los informes que describen las irregularidades de los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

El exdirector del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aseguro durante la investigación en las Cortes Valencias que "lo que es distinto de la CAM es lo que han hecho sus gestores", que fueron "desde luego menos profesionales y prudentes" que los de otras entidades que sufrieron el impacto de la crisis y tuvieron que afrontar procesos de reestructuración.

Falsear los beneficios de la entidad

La Fiscalía pide además de las penas de cárcel e indemnizaciones, el decomiso de determinadas cantidades en poder de los acusados: más de 1,4 millones de euros para Roberto López; 150.632 euros para Dolores Amorós; 122.623 euros para Francisco José Martínez; 108.615 euros para Teófilo Sogorb; y 429.475 euros para Vicente Soriano.

Según explica el escrito de acusación, los exdirectivos de la CAM impulsaron un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad en 2010, reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos, de manera que consiguieron alterar el balance y la cuenta de resultados. También recurrieron a la titulización de activos y su incorrecta contabilización.

Uno de los motivos que llevó a la antigua cúpula a incrementar los beneficios de forma ficticia fue la integración con otras cajas para crear el Banco Base, pero también buscaban "asegurarse en 2011 el pago de una serie de complementos retributivos a los que solo se tenía derecho si se alcanzaban determinados resultados al cierre del ejercicio anterior".

Se aseguraron complementos retributivos

"De esta manera, los acusados se aseguraron que iban a cobrar, cuando la situación de la CAM ya era crítica, unas remuneraciones adicionales que no tenían derecho a percibir", indica el escrito del Ministerio Público.

Los acusados cobraron, así, paga de beneficios, aportaciones al plan de pensiones, incentivos anuales, un bono extraordinario a largo plazo y indemnizaciones por jubilación. En total, la CAM desembolsó indebidamente por todos estos conceptos algo más de 20 millones de euros.