El expresidente de la CAM admite que carecía de conocimientos para detectar problemas en la caja

• Ignoraba que la caja tuviera problemas hasta 15 días antes de la intervención
• Firmó documentos que desconocía porque no tenía motivos para desconfiar
• El Fondo de Garantía de Depósitos pide para él nueve años de cárcel

Los exdirectivos de la CAM niegan que conocieran irregularidad alguna

El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo ha asegurado en el juicio contra él y otros siete antiguos directivos que "hasta quince días antes" de la intervención de la entidad por parte del Banco de España ignoraba que hubiera problemas en la entidad, ya que carecía de conocimientos técnicos y financieros.

Crespo ha respondido este martes a las preguntas del Fiscal durante el juicio que se sigue contra él y otros siete exdirectivos de la caja por varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como por cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Crespo ha insistido en que como presidente no ejecutivo fue "un mero instrumento" y que no necesitaba saber de cuestiones relacionadas con la contabilidad o las finanzas, campos que además no le "gustaban".

También ha dicho que nunca tuvo constancia de que hubiera irregularidad alguna en la situación de la CAM, cuyas cuentas se aprobaban "por unanimidad" sin que él tuviera que hacer uso de su voto de calidad y con el respaldo de la auditora KPMG.

Además, ha recordado que la propia ministra de Economía en la época, Elena Salgado, se refirió en alguna ocasión a la buena salud de las cajas de ahorros.

No tenía conocimientos

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell -que se la adjudicó por un euro- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones.

Asimismo, el expresidente de la CAM ha relatado que, una vez que el Banco de España intervino la entidad, no tuvo ninguna relación con los administradores designados por el supervisor, y que su labor al frente de la entidad, entre junio de 2009 y julio de 2011, se limitó a "ayudar" en lo que pudo, pues carecía de "conocimientos técnicos y contables".

Crespo ha relatado que formó parte de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) porque los presidentes de las cajas valencianas debían rotar en el puesto, en el que sucedió al presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y no por sus conocimientos, que "eran limitados", y además no le gustaba su actividad.

Él "confiaba" en el criterio de otras personas que trabajaban en la CAM desde hacía más de 35 años, y prácticamente no intervenía en nada, ni siquiera en fijar o acordar las retribuciones de los consejeros o directivos.

Firmaba documentos porque se fiaba

A preguntas del letrado del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), Carlos Gómez Jara, ha negado que "firmara papeles en blanco sin conocer su contenido", pero sí ha admitido que si la ex directora general Dolores Amorós, o el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, le presentaban documentos para su firma "no tenía por qué desconfiar".

Entre ellos, ha destacado a los ex directores generales, también acusados y que han declarado esta jornada, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, que solían presentarle documentos sobre el estado de la entidad que firmó "de buena fe y con confianza" al tratarse de "excelentes técnicos" que "no preguntaban nada" ya que su opinión "no les servía".

A preguntas del letrado de la Fundación CAM ha incidido en el hecho de que "ni preparaba ni formulaba las cuentas, aprobarlas sí, pero elaborarlas en absoluto", algo imposible dada su falta de conocimientos técnicos.

Crespo ha dicho "desconocer todos los procedimientos" en los que estaba inmersa la CAM, entre ellas el proyecto de fusión fría en Banco Base con Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, que finalmente no culminó.

Al respecto, ha negado conocer los motivos por los que esa integración no llegó a producirse y ha relatado que no asistió a la reunión con los directivos del resto de entidades porque se fue a "visitar 'outlets' de zapatos con las señoras" de los otros representantes.

Para Crespo, sobre quien no pesa cargos de la Fiscalía, el FGD solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros por un delito continuado de falsedad societaria, estafa a inversores y manipulaciones informativas, una petición que se eleva hasta los 17 años en el caso de una de las acusaciones particulares. Ya fue juzgado y absuelto por haber favorecido dietas presuntamente irregulares de entre 9.000 y 308.700 euros para 19 miembros de la entidad por valor de 1,37 millones de euros.

López Abad defiende la posición de la CAM

A continuación, ha declarado el ex director general de la CAM Roberto López Abad, que ha insistido en la idea apuntada por Crespo de que la auditora dio el visto bueno a las cuentas de la caja en 2010 y 2011 "sin salvedad". Para él, la auditoría significaba una "red de garantías de que todo estaba funcionando bien", ya que la firma, con la que trabajaban "desde hacía 19 años", conocía la caja "mejor que nosotros".

López Abad ha señalado que la situación económica y financiera de la entidad era razonable. El ex director general, para el que la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por delitos de falsedad de cuentas, estafa y apropiación indebida, ha defendido la posición de la CAM, que como todas las entidades financieras españolas tuvo dificultades para financiarse en los mercados tras la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, pero que, al contrario de otras, sí había previsto en parte la coyuntura. De ahí que el Banco de España le permitiera emitir cuotas participativas, algo imposible si la situación hubiera sido delicada.

Por lo que respecta a las retribuciones aprobadas al equipo directivo, ha recordado que el Banco de España "se cuidó de que los números dieran para todo".

La declaración de María Dolores Amorós se ha centrado en destacar que el Banco de España en cierto modo "intentó que suspendieran los test de estrés" de 2011 al obligarles a aplicar normas contables que otras entidades no tuvieron que asumir hasta 2012 o 2013.

En cuanto al proyecto de fusión con otras cajas, ha señalado que no llegó a producirse debido a los requerimientos de capital que exigía el real decreto de febrero de 2011, en lo que ha coincidido con López Abad.