El exdirector de Control de la CAM niega haber firmado las cuentas de 2011 con beneficios ficticios

• La excúpula de la caja está acusada de crear un mecanismo para ocultar pérdidas
• Teófilo Sogorb se enfrenta a una petición de cárcel de siete años y medios

Imagen de archivo de una oficina de la CAM en Valencia.

El exdirector general de Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Teófilo Sogorb ha declarado este miércoles que él nunca dio el visto bueno a las cuentas de la entidad del primer semestre de 2011 y que reflejaban 65 millones de euros de beneficios en lugar de unas pérdidas de 1.136 millones durante el juicio contra su cúpula en la Audiencia Nacional.

Sogorb, que se sienta en el banquillo, ha insistido en que la acusación que formula el Ministerio Fiscal contra la excúpula de la caja alicantina de falsear las cuentas en 2011 no es real porque éstas no estaban reformuladas y por tanto no eran estados intermedios.

Según el Ministerio Fiscal, Sogorb, que se enfrenta a una pena de cárcel de siete años y medio y los otros siete encausados impulsaron un mecanismo en 2010 y 2011 para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos y contabilizando incorrectamente la titulización de activos.

Dicha manipulación llevó, según el fiscal, a presentar unas cuentas provisionales que arrojaban unos beneficios de 65,35 millones de euros pese a que las cuentas finales presentadas por administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recogían a fecha de junio de 2011 unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Preguntado por esta cuestión Sogorb ha precisado que el Banco de España dio luz verde a la petición de la caja remitida al exdirector general de Regulación del supervisor José María Roldán en la que solicitaba que las cuentas anuales de 2010 se establecieran con criterios consolidados y que los activos y pasivos se llevaran a resultados.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

El tribunal que preside la magistrada Angela Murillo reanudará el juicio este jueves con el interrogatorio al también investigado Francisco José Martínez García, director general de Inversiones y Riesgos de la caja.