La Fiscalía pide que el Tribunal de Cuentas investigue a Artur Mas por gastar cinco millones en el 9N

• Pide también investigar a Francesc Homs y a las exconselleras Ortega y Rigau
• Los cuatro fueron condenados por desobediencia al Tribunal Constitucional

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, en una entrevista pública en París.

La Fiscalía ha presentado un informe al Tribunal de Cuentas en el que apoya la apertura de una investigación contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs "para determinar sus responsabilidades por el gasto de más de cinco millones de euros en las votaciones del 9N".

Según informa la Fiscalía General del Estado, el Tribunal ha recibido un escrito de diversas entidades que solicitan la apertura de una investigación contable de todo el proceso por el presunto uso de dinero público en la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

En su informe, el fiscal solicita a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor. Los cuatros exmiembros del gobierno catalán citados en el requerimiento ya han sido juzgados por estos hechos. Todos ellos resultaron condenados a inhabilitación, que prohibió la celebración de la consulta, y fueron absueltos del delito de prevaricación.

Denuncia de Sociedad Civil Catalana y otros colectivos

Pero al margen de ese proceso, Sociedad Civil Catalana, Associació Civica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución impulsaron una acción ante el uso de fondos públicos (5.129.833 euros) para una consulta ciudadana "carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria".

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, considera que los hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable por tratarse de gastos destinados "a un fin radicalmente ajeno a la función pública, por tanto carentes de justificación". Es decir, "numerosos pagos" con cargo al erario público cuyo fin era desarrollar un acto contrario al ordenamiento jurídico.

Responsabilidades por alcance o malversación contable

De acuerdo con las leyes que rigen el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el fiscal propone a la Comisión de Gobierno que designe un instructor que practique las diligencias oportunas para determinar si hay responsabilidad de esos ex altos cargos por alcance o malversación contable (un concepto independiente del acuñado en el ámbito penal).

La cuestión es que la ley del Tribunal de Cuentas determina que quien por acción u omisión contraria a la ley origine "el menoscabo de los caudales o efectos públicos, quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados".

La ley determina que es "alcance" el saldo deudor injustificado de una cuenta o la ausencia de justificación en las cuentas que deban rendir quienes tienen a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Y que es "malversación" la sustracción de esos caudales o efectos públicos o el consentimiento de la misma o el uso de esos fondos "a usos propios o ajenos" por parte de quien los tenga a su cargo.

De acuerdo con el escrito de los denunciantes, los pagos injustificados habrían sido 14.837,60 euros para la página web, 70.532,08 euros para la fabricación y transporte del material usado en la votación y 2.800.735,13 para la compra de ordenadores.

También contempla 828.171,42 euros para la campaña de publicidad institucional, 1.409,26 euros para pólizas aseguradoras para los voluntarios, 1.106.185,88 euros para labores de apoyo informático a la consulta y 307.962,71 euros para el envío de información.