El TSJ de Murcia da un paso más para abrir juicio a Pedro Antonio Sánchez por el caso Púnica

• Pide a las partes la apertura de juicio oral o el archivo de las actuaciones
• Sánchez insiste en que no contrató con la Púnica aunque admite una reunión
• Se reunió con los empresarios tras meses de "campaña comercial agresiva"

El expresidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez ha declarado ante el juez como investigado por el caso Púnica

El juez instructor del caso Púnica en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha dado este martes un paso más en las diligencias contra el expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez al decidir procesarle poco despúes de que realizara su primera declaración en sede judicial por su presunta implicación en esta trama delictiva.

En un auto, el magistrado Enrique Quiñonero pone a Sánchez a un paso del banquillo al dar un plazo de 10 días a las partes para que pidan la apertura de juicio oral o el archivo de las diligencias. El fiscal, las demás acusaciones personadas y las defensas también podrán pedir de forma excepcional diligencias complementarias si las consideran indispensables para acusar

Para el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), los hechos serían presuntamente constitutivos de delitos contra la administración pública, aunque añade que todavía es pronto "para hacer una calificación jurídica más precisa". También ha resultado procesado David Conesa, que formaba parte del gabinete de Sánchez.

Contactos para un contrato de mejora de imagen

El auto hace un relato de los contactos mantenidos por Sánchez y David Conesa, miembro de su gabinete cuando era consejero de Educación y al que también se investiga, para suscribir un contrato de mejora de imagen por internet que finalmente no se firmó. Esos contactos fueron mantenidos desde noviembre de 2014 con las empresas Eico on-Line y Madiva Editorial y Publicidad.

Tras declarar durante algo más de una hora, el expresidente de la Región de Murcia ha asegurado ante los medios que nunca contrató servicios con las empresas de la trama Púnica, y que accedió a reunirse con empresarios investigados porque durante diez meses le solicitaron "de forma insistente" celebrar un encuentro, hasta el punto de que llegaron "casi a acosar" a su gabinete con sus ofertas y una campaña "comercial agresiva" a lo largo de diez meses, y finalmente accedieron a atenderles en una reunión, pero no en cuatro como recoge la investigación judicial.

Ha dicho que accedió finalmente a reunirse con los representantes de estas empresas como se hace "con tantos otros" de todo tipo de entidades. "Lo que se hizo fue escucharles, pero no se contrató nada", ha subrayado.

Sánchez, que sigue siendo diputado regional y presidente del PP murciano, ha recalcado que ha aportado una docena de documentos en los que queda patente que no hubo contrato alguno con la trama corrupta, y ha mostrado uno de ellos en el que se podía leer la oferta de la compañía Eico, valorada en 32.200 euros anuales, pero sin firmar y sin ninguno de los campos rellenos.

El juez de la Audiencia Nacional le atribuyó a Sánchez tres delitos de corrupción -fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada- por estos hechos sucedidos en 2014. Pedro Antonio Sánchez dimitió como presidente de la Región de Murcia el 4 de abril por su imputación en el caso Auditorio y esta atribución de delitos en el caso Púnica.

Según la investigación, Sánchez habría concertado la contratación de trabajos de mejora de la reputación por internet con empresas relacionadas con la trama Púnica y presuntamente pretendía cargarlos a los fondos de la Consejería, si bien dichos contratos no se materializaron porque la investigación estalló antes.

Sobre esto, Sánchez ha considerado "imposible" que fuera la irrupción mediática de la trama la que impidió que se firmaran los contratos, ya que para iniciar un expediente de contratación en una consejería, como era el caso, se necesita un plazo de al menos cinco meses. También ha subrayado que esta investigación responde a una "intención política", puesto que el PSOE es parte de la acusación particular.