Los agricultores afectados por la sequía podrán aplazar un año el pago de la cotización a la Seguridad Social

• El Gobierno declara la situación de sequía en la cuenca del Duero
• Se aprueban exenciones al pago de cánones y tarifas para el regadío
• Sube el canon abonado por las eléctricas para producir energía
• El Ejecutivo pide a los ciudadanos un uso "responsable" del agua

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley con ayudas a los agricultores afectados por la sequía. Entre otras medidas, las empresas y los trabajadores por cuenta propia titulares de explotaciones agrarias de todo el país afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica, podrán obtener una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y el pago de las cuotas por las jornadas reales de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive.

Así lo ha explicado la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, al término de la reunión del Ejecutivo, que también ha declarado la situación de sequía en la cuenca hidrográfica del Duero. El Gobierno, además, ha pedido a los ciudadanos un uso "responsable" del agua ya que las reservas hidrológicas actualmente son del 57,2%, porcentaje inferior al de la media de los últimos 10 años, que se sitúa en el 70,6%.

García Tejerina ha explicado que en la actualidad el déficit de precipitaciones acumulado ronda el 13 en el conjunto de España y que en la cuenca del Duero la media de precipitaciones ha sido "especialmente baja", con un 42 menos de lluvias. Donde persiste la sequía es en las cuencas del Júcar y del Segura, donde se declaró en 2015. Así, ha apuntado que "próximos al verano", lo normal es que en España en esa estación haya menos precipitaciones por lo que cabe esperar que "en los meses próximos la situación se deteriore".

Exenciones al pago de cánones y tarifas para el regadío

La cuenca del Segura se encuentra en situación de emergencia y las del Duero y el Júcar, de alerta. Por ello, se conceden exenciones al pago del canon de regulación y en la cuota de la tarifa de utilización del agua.

De ellas se beneficiarán los titulares de las explotaciones agrarias de estas cuencas que en este año -y sin efecto retroactivo- hayan tenido una dotación de agua inferior o igual al 50% de la normal o que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos de, al menos, un 20% de la producción en normal en zonas desfavorecidas y de un 30% en las demás zonas.

Según el Gobierno, estas exenciones de cánones y tarifas supondrán un ahorro a los regantes de casi 54 millones de euros. De éstos, 36,9 millones de euros se ahorrarán los titulares de derechos al uso de agua para riego de la cuenca del Segura (35 millones correspondientes a los regantes del trasvase), 8,5 millones de euros los titulares de la cuenca del Júcar, y 8 millones de euros, los regantes de la cuenca del Duero.

García Tejerina ha asegurado que "si cualquier otra cuenca entra en situación" de sequía y cumple los requisitos, dichas medidas "se le harán extensivas". "Lo que hoy se aprueba se suma a las medidas adoptadas ya. Son medidas excepcionales", ha insistido la ministra que ha asegurado que estas permitirán cubrir las necesidades de las cuencas del Júcar, Segura y Duero.

Eleva los impuestos a la producción de energía eléctrica

Por último, el decreto actualiza el tipo de gravamen correspondiente al canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, previsto en la Ley de Aguas, en todas las demarcaciones competencia del Estado (intercomunitarias), para dotar a los órganos competentes y a los organismos de cuenca de los necesarios recursos para la protección medioambiental y la mejora del dominio público hidráulico, en aplicación del principio de recuperación de costes de los servicios de gestión del agua y en virtud del texto refundido de la Ley de Aguas.

Esta medida consiste en modificar el tipo impositivo del canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica de manera que se pasa del 22% actual al 25,5%, y correlativamente ajustar los porcentajes de reducción de las centrales hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 megavatios (MW), habida cuenta de su impacto ambiental.