La Mesa del Congreso rechaza delimitar la investigación sobre la financiación del PP

• El PP pedía en un recurso que se acotara el objeto y el ámbito temporal
• PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos rechazan la necesidad de un informe
• El PP puede recurrir en amparo al Tribunal Constitucional

El líder del PP, Mariano Rajoy (d), junto al coordinador general, Fernando Martínez-Maillo.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado este lunes el recurso presentado por el PP en el que pedía que se delimitara el ámbito de actuación de la comisión de investigación sobre su financiación que se abrirá el próximo 26 de junio con la comparecencia del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

El pasado miércoles, tras una reunión de trabajo de la Mesa y los portavoces de esa comisión, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, anunció la presentación de ese recurso de amparo a la Mesa del Congreso.

Los representantes del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en la Mesa del Congreso se han unido este lunes para rechazar el recurso presentado por el PP que solicitaba paralizar los trabajos de la comisión de investigación sobre su presunta financiación ilegal hasta que los letrados realizaran un informe jurídico para delimitar el objeto de las pesquisas, así como su ámbito temporal e institucional.

El PP presentó ese recurso tras reclamar sin éxito que se acotara el ámbito temporal y terrorial de esa investigación, pretendiendo además que se ciñera solo al periodo de tiempo desde el que la financiación irregular está tipificada como tal en el Código Penal.

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos no ven necesario un informe jurídico

Tras la reunión de la Mesa este lunes, el secretario tercero, Marcelo Expósito, ha anunciado que el recurso ha quedado denegado sin apenas discusión porque los integrantes de ese órgano entendieron que revocar una decisión tomada por el pleno y por una comisión generaría un precedente "anómalo".

Los demás grupos entendieron que la pretensión expuesta por el PP en su recurso no tenía sentido y subrayaban además que el PP respaldó tanto en el acuerdo de investidura como después en el pleno la creación de esa comisión sin explicitar esas limitaciones que después quiso introducir.

Según han informado fuentes parlamentarias, tal y como ocurrió en la reunión que tuvo la comisión de investigación la semana pasada, el PP ha vuelto a quedarse solo defendiendo sus tesis que, en este caso, ha expuesto la propia presidenta de la Cámara, Ana Pastor.

Por su parte, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, impulsores de la creación de esta comisión, que acabó siendo apoyada incluso por el PP, han subrayado que el objeto de la investigación quedó claro cuando el Pleno aprobó su creación y que no es necesario clarificar nada más ni pedir informe jurídico alguno.

Comparecencia de los extesoreros

Ahora los 'populares' tendrán que decidir si llevan este asunto al Tribunal Constitucional y la comisión de investigación podrá continuar sus trabajos, analizando la documentación que vaya recibiendo. Respecto a las comparecencias, las abrirá el próximo 26 de junio el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Después se llamará, en una sola sesión en torno al día 12 de julio, a los demás tesoreros. Se trata de Alvaro Lapuerta (predecesor de Bárcenas), que podría renunciar por razones de salud; Carmen Navarro, la actual gerente actual; Rosendo Naseiro (1987-1990) y Angel Sanchís (1982-1987).

En su recurso, rechazado por la Mesa, el PP pedía al órgano de gobierno de la Cámara que diera trámite al documento de cuestiones previas que registró el pasado 2 de junio y que ya tumbó la comisión con los votos de toda la oposición.

El PP pedía delimitar el objeto y el ámbito temporal

En concreto, el PP solicitaba a la Mesa que delimitase "claramente el objeto concreto y específico de la comisión", así como el ámbito temporal. Según su propuesta, éste debería circunscribirse a la presente legislatura, que arrancó en julio de 2016, ya que, alega, resultaría "ineficaz exigir responsabilidades políticas a personas que actualmente están fuera de la vida política y no ostentan cargo alguno".

No obstante, el PP señalaba que "no hay que obviar" que, dado que la cuestión central de la comisión es su presunta financiación ilegal, lo "coherente sería no retrotraerse más allá de la entrada en vigor de la ley de 2015 que tipificó el delito de financiación ilegal".

Ahora bien, añadía que, "subsidiariamente", podría comenzar a investigarse desde octubre de 2012, puesto que a finales de ese mes entró en vigor la reforma de la Ley de Financiación de Partidos que fijó las reglas que deben seguir las fuerzas políticas "en materia de financiación privada".