Montoro no se siente desautorizado por la anulación de la amnistía y la justifica por la "situación límite" de 2012

• El Constitucional anuló por inconstitucional la amnistía del Gobierno del PP
• La sentencia acusaba al Ejecutivo de "abdicar" y avalar el fraude fiscal
• El Gobierno la aprobó en 2012 como medida para reducir el déficit público

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una intervención en el Congreso

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este lunes que no se siente desautorizado, aunque sí "concernido" por la decisión del Tribunal Constitucional de anular la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2012 y ha justificado aquella medida por la "situación límite" que se vivía en España en aquel momento.

El titular de Hacienda, que ha realizado estas manifestaciones antes de participar en la Asamblea General de la patronal Foment del Treball, ha indicado que valorará ampliamente esta sentencia del Constitucional cuando comparezca para ello en el Congreso de los Diputados.

"Que el PSOE pida mi dimisión no es una novedad. Informativamente, no creo que a ninguno de ustedes les llame la atención. No sé qué número de ocasiones ha pedido mi dimisión", ha señalado respecto a la posición socialista.

Sin entrar en el fondo de la sentencia, el ministro ha explicado que "la amnistía fiscal es una de esas decisiones de gobierno que a ninguno nos gusta tomar", pero "la vida es como es y la responsabilidad de estar en el Gobierno implica tomar decisiones que no te gustan".

Asimismo, Montoro ha querido subrayar la situación "extrema" que vivía España en 2012, y, en este sentido, ha asegurado que la crisis tan "profunda" que padecía por entonces el país "podía haber perjudicado la existencia misma de la zona euro".

En esta línea, Montoro ha recordado que en 2012 el Gobierno también se vio obligado a subir impuestos, una decisión que luego se revirtió, ha añadido.

La postura del Constitucional

El Tribunal Constitucional asegura en su sentencia sobre la amnistía fiscal que no afecta a las regularizaciones en firme, que esta medida "supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".

De esta forma, añade, se legitima "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir".

El pasado viernes, el Gobierno respaldó públicamente al ministro de Hacienda frente a esta sentencia, mientras que el PSOE propuso que el ministro sea reprobado por el Congreso y no descartó pedir una comisión de investigación.