La OCU se querella contra la antigua cúpula del Banco Popular por falsedad contable y estafa

• La demanda, contra el expresidente Ángel Ron y la auditora PWC, entre otros
• Cree que sus cuentas no eran correctas en la última ampliación de capital
• La organización representa a más de 9.500 pequeños accionistas del banco

Gente delante de una sucursal del Banco Popular.

La OCU ha presentado este lunes en la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la firma auditora PriceWaterhouseCoopers (PwC) y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor. Es decir, la OCU pide responsabilidades a la cúpula que había en el Banco Popular en 2016 y no la que estaba al mando cuando fue intervenido por las autoridades europeas.

La tramitación de la querella ha recaído en el titular del juzgado central de instrucción nº 4, Fernando Andreu, el mismo que ha investigado el caso Bankia.

"La OCU quiere que todos los accionistas y bonistas sean indemnizados y llevar a los responsables ante la justicia. Consideramos que se han cometido dos presuntos delitos: falsedad contable y estafa a inversores, por lo que pedimos que se abran diligencias y se depuren responsabilidades", ha explicado a los medios en la puerta de la Audiencia Nacional el abogado encargado de la querella, Eliseo Martínez.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha explicado que -a su entender- resulta evidente que las cuentas de la entidad "no eran reales" cuando se optó por efectuar una ampliación de capital, el pasado verano, y que el folleto de dicha ampliación, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no reflejaba la imagen fiel de la entidad.

En su opinión, los responsables de esto serían los directivos del banco en la etapa anterior a la entrada de Emilio Saracho, quien se puso al frente de la entidad en febrero de 2017. Además, Izverniceanu señala a los organismos reguladores como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y "por supuesto el Ministerio de Economía; habrá que preguntarle al señor Luis de Guindos, que decía que el Banco Popular era solvente, qué ha ocurrido en dos semanas".

Izverniceanu ha dicho que la organización representa a más de 9.500 pequeños accionistas (el Popular contaba con 305.000 accionistas), que han acudido a la organización de consumidores tras conocer que la totalidad de su inversión se ha convertido en cero tras la resolución del banco. La portavoz de la OCU ha indicado que se trata de la primera acción tras la caída del Popular y que no descartan otras vías.

Querella contra Ron, "responsable del hundimiento del banco"

El abogado Felipe Izquierdo es uno de los perjudicados por la quiebra de la entidad. "Me siento estafado. Compré acciones después de la dimisión de Ron y con la entrada de Saracho, que se nos vendía como un Cristiano Ronaldo o un Messi de la banca", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press.

Izquierdo, que invirtió 20.000 euros y asegura que tiene "esperanzas" de recuperarlos porque este es un "caso de libro" y existe el "precedente de Bankia", ha explicado que la querella se dirige contra Ron y no contra Saracho porque considera que el primero es el "responsable del hundimiento del banco", ya que fue la cúpula que él dirigía la que "presentó las cuentas de 2016".

Además, para el letrado en España existe un "problema" con los organismos supervisores. "La CNMV nunca llega a tiempo, ni se la ve ni se la espera. Es un problema de los políticos; tendrían que sentarse para que empiecen a funcionar los órganos reguladores", ha afirmado.

En este sentido, la portavoz de la OCU ha lamentado el desamparo de los inversores del Popular, ya que, al contrario de lo que ha ocurrido con las acciones de Liberbank, en su momento la CNMV no prohibió la toma de posiciones cortas sobre la entidad, con lo que los títulos del banco sufrieron en Bolsa.

En un comunicado, la organización ha señalado que los miembros del Consejo de Administración de Banco Popular "han ido tomando sus decisiones menospreciando a los accionistas minoritarios, que en ningún caso han podido hacer oír su voz" y adquirieron acciones del banco confiando en una información "auditada, pública y supervisada".