La fiscal general de Venezuela recurre de nuevo la Constituyente de Maduro

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, contestando a las preguntas de periodistas el pasado 13 de junio de 2017, en Caracas (Venezuela).

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha proseguido este jueves con su agenda de recursos legales para detener el proceso de activación de una asamblea constituyente propuesta por la Presidencia, mientras las protestas antigubernamentales continúan y aumentan las víctimas mortales.

Ortega ha anunciado este jueves que ha presentado tres nuevos recursos contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente, Nicolás Maduro, para redactar una nueva Carta Magna, que se suman a otros dos que ya han sido rechazados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La fiscal "ha demandado la nulidad" del decreto a través del cual Maduro convocó a la ANC, y ha señalado que el presidente solo "puede sugerir o proponer la realización de dicho proceso" pero no llamar a su celebración pues es una iniciativa que debe ser sometida a la aprobación del pueblo en referendo.

Ha insistido en que no hacer una consulta previa para este proceso "evidencia un retroceso".

Asimismo ha solicitado la nulidad del decreto en el que se establecen las bases de la elección de la ANC por "violarse los referidos principios de la supremacía constitucional, la progresividad de los derechos humanos, así como la democracia participativa y protagónica".

En la tercera acción legal la fiscal ha denunciado que "hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la ANC".

Aumentan a 73 lo fallecidos en las protestas

Entretanto, las protestas antigubernamentales continúan en varios puntos del país y este jueves se registraron dos muertes que elevan a 73 la cifra de fallecidos en las manifestaciones iniciadas el 1 de abril pasado.

Una calzada con el nombre de las víctimas de las protestas antigubernamentales en Venezuela. Ivan Alvarado

Las muertes de dos jóvenes de 20 años ocurrieron durante las manifestaciones que se desarrollaron en los occidentales estados Zulia y Táchira, la primera al ser atropellado y la segunda por herida de bala, ambas confirmadas por la Fiscalía.

Para este jueves la alianza de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó una protesta matutina en las estaciones de metro y algunos autobuses de Caracas, y por la tarde llamó a un cacerolazo frente a cada vivienda o residencia.

Una veintena de diputados se sumaron a la actividad denominada "conciencia metro a metro" y abordaron el sistema de transporte subterráneo y autobuses para explicar a los ciudadanos las razones por las que se oponen al cambio de Constitución mediante la elección de la Asamblea Constituyente, prevista para el 30 de julio.

El diputado Juan Andrés Mejía abordó el Metro de Caracas en el este de la ciudad y desde allí aseguró que la iniciativa del jefe de Estado de cambiar el ordenamiento jurídico es "fraudulenta".

El alcalde del municipio caraqueño El Hatillo, David Smolanzky(3-i) y el diputado Juan Andrés Mejia (3-d). Miguel Gutiérrez

Además, una decena de legisladores acudió a una de las sedes del Poder Electoral en Caracas para hacer una "clausura simbólica" de esta oficina por considerarla "cómplice de la dictadura".

Entretanto, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), mayoritaria de oposición, ha anunciado que prevé juramentar entre el 8 y el 12 de julio próximos a los nuevos magistrados del Supremo para sustituir a una treintena de jueces designados por el chavismo de forma "exprés" a fines de 2015.

El presidente de la Comisión de Postulaciones Judiciales, Carlos Berrizbeitia, ha dicho a Efe que para esos días tomarán juramento 13 magistrados principales y 20 suplentes.

Este proceso para designar nuevos magistrados de la máxima corte se inició el martes pasado pese a que el mismo Supremo ha declarado a la AN en "desacato" casi desde el mismo comienzo de sus actuaciones a principios de 2016.

Este proceso de designación de nuevos representantes del Supremo también tiene que ver con el recurso que introdujo el lunes pasado la fiscal, que presentó una demanda de nulidad en el mismo TSJ contra la designación de los magistrados al afirmar que fueron elegidos mediante procesos irregulares.

Según Ortega, la "falta de legitimidad" de estos jueces es un factor que ha contribuido a que la máxima corte "no dé soluciones efectivas a la crisis del país sino por el contrario, lo que se encarga es de acelerar la crisis".