El chavismo pide prohibir la salida del país de la fiscal general y congelar sus bienes

• Luisa Ortega Díaz se ha convertido en la mayor adversaria al gobierno de Maduro
• Muere otro joven en una protesta en el interior de Venezuela
• Ex presidentes iberoamericanos exigen paralizar la Asamblea Constituyente

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ofreciendo declaraciones a periodistas el pasado 13 de junio de 2017, en Caracas (Venezuela).

El diputado chavista Pedro Carreño ha solicitado este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la prohibición de salida de Venezuela de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, además de la congelación cautelar de sus bienes.

Las medidas cautelares forman parte de una petición presentada ante el TSJ para que inicie el proceso de destitución de la titular del Ministerio Público y determine si hay razones para llevarla a juicio, ha dicho Carreño a los periodistas desde la sede del máximo tribunal.

Según el parlamentario chavista, la fiscal ha incurrido en las faltas de "atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa", "actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución" y "violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución".

Todas las anteriores son causas de una falta grave, según la ley orgánica del Ministerio Público, que ha leído Carreño.

La legislación venezolana establece que la destitución de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.

No obstante, el diputado no ha explicado cómo se completaría este proceso si se constatara la falta, ya que el Parlamento, en manos de opositores que ahora respaldan a la fiscal, está en desacato y sus actos son considerados nulos.

El chavismo ha emprendido esta medida después de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del Supremo por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, del que ella forma parte, y en coordinación con el Parlamento.

Entre los elementos existentes para llevar a juicio a un miembro del Consejo Moral Republicano, el diputado ha citado que la fiscal con sus actuaciones "hace activismo político", "trató de dañar" al Poder Ciudadano y ha desconocido decisiones del máximo tribunal, "y ahí hay mérito para enjuiciarla", ha considerado.

Estas acciones fueron cometidas por Ortega Díaz, según Carreño, cuando esta decidió actuar en contra de los magistrados.

Esta es la segunda acción que emprende Carreño sobre la fiscal, hasta hace poco vinculada con el chavismo y para quien ha pedido antes que se conforme una junta médica para evaluar su conducta por "insania mental".

Las diferencias entre el sector gubernamental y la fiscal surgieron después de que ella calificara a finales de marzo como una "ruptura del orden constitucional" la decisión del Supremo de arrogarse las funciones del Parlamento, una medida que debió ser revertida parcialmente poco después.

Muere otro joven en una protesta en el interior de Venezuela

Mientras, el alcalde de la ciudad venezolana de Barquisimeto, el opositor Alfredo Ramos, ha informado este viernes de la muerte de Nelson Arévalo, un joven de 23 años, en una protesta contra el Gobierno en esa localidad, capital del estado Lara (centro oeste).

"Asesinos de la dictadura le quitan la vida a Nelson Arévalo, joven de 23 años asesinado en Club Hípico Las Trinitarias en Barquisimeto", ha asegurado Ramos sin proporcionar más detalles a través de su cuenta en la red social Twitter.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha difundido varios mensajes en las redes sociales para denunciar este hecho y responsabilizar del mismo al Gobierno de Nicolás Maduro.

El diputado Alfonso Marquina, representante en el Parlamento venezolano de esa entidad federal, ha asegurado "extraoficialmente" que Arévalo recibió "un tiro de arma de fuego entre el cuello y la cara" en medio de una protesta antigubernamental.

Hasta ahora, el Ministerio Público (Fiscalía) no ha confirmado este caso, que elevaría a 74 la cifra de víctimas mortales durante la oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno que inició el pasado 1 de abril.

Ex presidentes iberoamericanos exigen paralizar la Constituyente de Maduro

Por otro lado, un total de 23 ex presidentes iberoamericanos han firmado la llamada Declaración de México, con la que denuncian la situación en Venezuela y piden la paralización de la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno, al considerar que supone un "punto final" para la democracia.

El documento, presentado este viernesen la Ciudad de México, es una llamada a la acción a los participantes en la reunión de cancilleres sobre Venezuela, que se celebrará el 19 de junio en Cancún antes de la inauguración formal de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre los firmantes están los expresidentes del Gobierno español Felipe González y José María Aznar; y los exgobernantes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón; colombianos Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, César Gaviria y Belisario Betancur; uruguayos Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti; chileno Eduardo Frei y argentino Fernando de la Rúa.

También los expresidentes de Costa Rica Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez; de El Salvador, Alfredo Cristiani; de Ecuador, Lucio Gutiérrez y Jorge Jamil Mahuad; de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga; de Panamá, Mireya Moscoso; y de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy.

Un total de 23 ex presidentes iberoamericanos exigen en México paralizar Constituyente en Venezuela. Mario Guzmán

"Reiteramos nuestra profunda preocupación por la total ruptura del orden constitucional y democrático, la violación sistemática y generalizada de derechos humanos y la violencia provocada por las fuerzas del orden", indican los exmandatarios.

Denuncian que desde que en diciembre de 2015 saliera elegida una Asamblea Nacional "de signo mayoritariamente opositor", el Gobierno de Nicolás Maduro "ha consumado mediante acciones sucesivas un golpe de Estado".

Consideran que la última ha sido la instrucción de que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente, siguiendo unos "términos de conveniencia" que -a entender de los firmantes, todos ellos agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea)- desconocen los principios democráticos de elección universal, directa y secreta.