El PSOE rechaza regular la gestación subrogada por ser una "mercantilización" de la mujer

• Se equiparan las expresiones "vientre de alquiler" y "maternidad subrogada".
• Rechazan las propuestas de los colectivos LGTB y Juventudes Socialistas,
• Sánchez se ha mostrado contrario a regular los vientres de alquiler
• Especial: 39 Congreso Federal del PSOE

Luis Tudanca, presidente del Congreso Federal del PSOE, se dirige a los delegados durante la reunión.

La ponencia de política social del 39 Congreso del PSOE ha ratificado su rechazo a la práctica de los vientres de alquiler y a la gestación subrogada. De esta manera, el congreso socialista asume la equiparación de los vientres de alquiler y de la maternidad subrogada, de modo que en el documento definitivo aparecerán ambas expresiones.

En ese documento aparecerán ambas para dejar claro que el PSOE rechaza estas prácticas por cuanto "suponen una mercantilización de las mujeres".

Se aprueba así la tesis defendida por los colectivos feministas del partido, contrarios a dejar abierta la puerta a cualquier regulación en este ámbito, frente a la de colectivos LGTB y Juventudes Socialistas, a favor de esa regulación. La enmienda presentada para pedir esa regulación fue derrotada por 175 votos en contra frente a 31 a favor.

Sale adelante, por tanto, la posición del documento programático de Pedro Sánchez, en el que se plasmaba ese rechazo a la "mercantilización" de las mujeres a través de la gestación subrogada y de los vientres de alquiler.

El texto del equipo de Sánchez que venció en las primarias establece, además, que el PSOE "no puede abrazar ninguna práctica que pretenda socavar los derechos de las mujeres, de las niñas", ni "apuntalar la feminización de la pobreza".

La diputada Ángeles Álvarez y la asociación "No somos más hijas", contraria a la maternidad subrogada, habían pedido antes del debate y de la votación de este punto que no se aceptaran "soluciones intermedias".

"La única solución es que si soy de izquierdas y soy feminista, nunca aceptaré un contrato por el que una parte renuncia a sus derechos", había resumido la portavoz de la citada asociación, Alicia Miralles.

Reino Unido, Bélgica y Portugal la han permitido

La portavoz de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, Aurora González, considera que "sería un grave error que el partido de la igualdad, de los derechos sociales se cierre a debatir este asunto". "La gente debería al menos debatir e informarse en serio con gente que sabe y que puede informar de la situación en Reino Unido, en Bélgica o en Portugal, donde se ha regulado con un Gobierno socialista.

"Con una buena regulación se pueden garantizar los derechos de las mujeres", ha argumentado González, que es también secretaria general del PSOE de Ribadeo (Lugo) y asiste al cónclave socialista en calidad de observadora.

Este mismo debate de los vientres de alquiler agitó también el debate en el congreso nacional del PP celebrado en febrero, en el que el sector provida del partido rechazó avanzar legalmente hacia esta forma de gestación y pidió que se incluyera una mención expresa para defender el derecho a la vida desde la concepción a la muerte. Finalmente, la ponencia social de los 'populares' optó por aplazar su decisión sobre esta materia hasta celebrar un "debate en profundidad, serio y sereno" con expertos.

El 0,2% del PIB, contra la violencia machista

El PSOE, si gobierna, destinará el 0,2% del PIB anual, más de 2.100 millones de euros, a la lucha contra la violencia machista. Éste ha sido uno de los principales acuerdos que ha salido de la ponencia social debatida por los socialistas.

La medida del PSOE, aprobada sin discrepancias en el seno de la ponencia social, procede de la situación "agobiante y asfixiante" por la que atraviesa este año el combate a la violencia de género, con unas 30 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

Asimismo, en la lucha contra la prostitución, se ha propuesto seguir avanzando en dos vías: la penalización de los empresarios del sexo y de los clientes, y tejer una protección social integral a las mujeres que sean víctimas de la prostitución.