Bruselas pide que los asesores informen de cualquier esquema que pueda usarse para evadir impuestos

• Si no lo hacen se enfrentarán a multas o sanciones administrativas
• El objetivo, que no propongan modelos de planificación fiscal agresiva

El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta que obligará a intermediarios -como abogados, asesores, contables o bancos- a informar a las autoridades tributarias nacionales sobre los esquemas transfronterizos de optimización fiscal que diseñan para sus clientes y exigirá a los Estados miembros que impongan multas a aquellos que no cumplan con estas medidas de transparencia.

Es la primera vez que Bruselas -que no cuenta con un cálculo exacto del perjuicio que las actividades de los intermediarios generan para las arcas públicas de los Veintiocho- se lanza a atajar las prácticas de los intermediarios que diseñan planes para permitir a particulares o empresas escapar o reducir sus contribuciones al fisco, especialmente, a través de complicados esquemas transfronterizos.

El Ejecutivo comunitario lo hace tras la publicación de escándalos como Los Papeles de Panamá, que revelaron la existencia de cientos de empresas en paraísos fiscales en las que participaban responsables políticos y personalidades del ámbito internacional y que pusieron de manifiesto el "papel central" que juegan los itermediarios en la evasión y la elusión fiscal.

"Los intermediarios tendrán que informar de cualquier esquema transfronterizo que podría usarse para evadir impuestos. Tendrán que dar detalles a sus autoridades nacionales muy pronto", ha asegurado el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, durante la presentación de la propuesta.

Los asesores han permanecido "fuera del radar" hasta ahora

El principal objetivo de la propuesta de Bruselas es disuadir a estos intermediarios fiscales de proponer modelos de planificación fiscal agresiva. "Queremos crear una nueva disuasión de forma que los intermediarios se lo piensen dos veces antes de ofrecer un esquema que pueda perjudicar a la justicia fiscal", ha explicado Moscovici en rueda de prensa.

"No todos en este sector están involucrados en la planificación fiscal agresiva (...), pero algunos intermediarios han ido más allá de estos servicios, en un territorio mas sombrío", ha dicho Moscovici. No obstante, el comisario ha añadido que sin estos asesores -"que hasta ahora han permanecido fuera del radar"- la evasión fiscal internacional "no podría ocurrir como ahora".

Por ello, la legislación propuesta, que aún debe ser negociada y aprobada por los países y por la Eurocámara, establece que los intermediarios estarán obligados a informar a las autoridades cuando los planes elaborados para sus clientes cumplan con una serie de "marcas distintivas" características de las estrategias típicas de evasión.

Bruselas incluye entre estas el uso de pérdidas para reducir la cantidad de impuestos que se deben pagar, el uso de regímenes fiscales especialmente beneficiosos o los acuerdos a través de países que no cumplen con los estándares internacionales de buena gobernanza fiscal.

Informar del plan antes de una semana

La norma cubre a todos los "profesionales y compañías" que diseñen un plan fiscal que tenga un elemento transfronterizo y contenga alguno de los distintivos" previstos por la CE, lo que incluye a abogados, contables, bancos, asesores fiscales y financieros, y consultores, incluidos aquellos que proporcionan servicios dentro de su propia empresa. Estos deberán informar a las autoridades de su país de origen en los cinco días siguientes a haber proporcionado el plan a su cliente.

En algunos casos, la obligación recaerá sobre el contribuyente, como cuando su consejero se encuentre en un país de fuera de la UE, cuando se trate de asesoría en la propia empresa y cuando el servicio esté proporcionado por un abogado sujeto a secreto profesional.

Las instituciones nacionales que reciban la información tendrán que cargarla después en un registro central al que tendrá acceso el resto de Estados miembros de la Unión, lo que debería permitirles identificar nuevos riesgos y bloquear iniciativas perjudiciales, según la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario deja en manos de los Estados, sin embargo, fijar sus propias sanciones para quienes incumplan -multas o sanciones administrativas- y confía en que estos requisitos y el "riesgo reputacional" para las empresas que se salten la norma actúen como medida disuasoria. "Espero que los Estados miembros garanticen que estas sanciones son suficientemente duras para disuadir a los incumplidores, pero depende de ellos", ha dicho Moscovici.