El Gobierno busca fortalecer las cajas rurales con un sistema similar al de las 'fusiones frías' de las cajas de ahorro

• El Ejecutivo reforma el régimen jurídico de las cooperativas de crédito
• La mayor parte de las cooperativas de crédito son cajas rurales
• Aprobada la emisión de un nuevo tipo de deuda para todos los bancos
• Esta deuda absorbería pérdidas en caso de resolución de una entidad

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto-ley que reforma el régimen jurídico de las cooperativas de crédito -que en su mayoría son cajas rurales, pero que también son las cajas profesionales- con el objetivo de que sean más fuertes y resistentes. Lo que se favorece en concreto es la constitución de unos Mecanismos Institucionales de Protección (MIP), que son similares a las fusiones frías de las cajas de ahorro. Para ello no cuentan con un horizonte temporal ya que la medida es voluntaria: no obliga a las entidades a unirse.

Esos MIP son mecanismos que están concebidos, según el Ejecutivo, "para la mutua autoprotección", permitirá a este tipo de entidades mutualizar riesgos para aumentar su resistencia y crear fondos comunes para afrontar tanto procesos de resolución como problemas bancarios. Los MIP pueden ser de dos tipos: reforzado o normativo.

Si las cooperativas deciden unirse en torno a los MIP reforzados, entonces tendrán una entidad cabecera que dirigirá prácticamente la totalidad de las decisiones del grupo, que tendrá consideración de grupo consolidable -en línea con las fusiones frías de las que nacieron los bancos cuyo origen eran las cajas de ahorros. Además, mutualizarán al 100% los beneficios y riesgos.

Por contra, los MIP normativos, sin embargo, se alejan del modelo de las cajas de ahorro, no tienen que mutualizar al 100% los beneficios y riesgos. En este caso no son un grupo consolidable y se caracterizan por la constitución de un fondo de garantía privado financiado previamente por las entidades miembros del grupo que se utilizará para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de las entidades que participan en la alianza.

Según datos de Economía, el sector de las cooperativas de crédito supone el 6% del sistema crediticio y tiene una gran relevancia en la financiación de agentes económicos de menor tamaño del sector agrario, industrial y profesional, tales como pymes, autónomos o emprendedores, según destaca el Gobierno.

Incentivos para constituir los MIP

El Gobierno, además, ha establecido incentivos para constituir estos MIP, ya que las entidades que lo integran tienen un perfil de riesgo menor al aumentar su solvencia, lo que permitirá reducir los requerimientos mínimos de pasivos capaces de absorber pérdidas a efectos de una eventual resolución (es decir, un menor colchón ante un posible proceso de resolución) y las aportaciones que las entidades integrantes de un MIP deben realizar al Fondo de Garantía de Depósitos.

Además, desaparecen las trabas a las operaciones de una entidad con las otras cooperativas integrantes del MIP y el fondo de garantía privado tampoco tendrá límites a la hora de invertir en el capital de una de las cooperativas integrantes del grupo. Levantar esta limitación, explica Economía, facilita el uso del fondo cuando una entidad participante lo necesite.

Sin embargo, se deberá presentar al Banco de España, para su aprobación, un plan de actuación a efectos de garantizar la viabilidad que contenga medidas concretas dirigidas a permitir la desinversión en la cooperativa de crédito, en condiciones adecuadas para todas las entidades integrantes del MIP.

El Ministerio de Economía asegura en una nota de prensa que con esta ley "se completa el ciclo de las reformas del sistema financiero que el Gobierno inició en 2012 y que han permitido al sector contribuir a la recuperación de la economía española". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el real decreto-ley cuenta con el respaldo de la mayor parte de los grupos de la oposición, incluidos PSOE y Ciudadanos, lo que garantiza su convalidación en el Congreso.

Aprobada la emisión de un nuevo tipo de deuda

Junto a la reforma del régimen jurídico de las cooperativas de crédito, el real decreto-ley crea una nueva categoría de pasivos que pueden emitir todas las entidades: crédito ordinario no preferente o deuda sénior non-preferred. Este es un nuevo tipo de deuda con el que facilitar el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles por parte de las entidades, pero que absorberán pérdidas en caso de resolución bancaria.

Según explica el Gobierno, la idea es que este tipo de deuda tenga un orden de prelación -en caso de resolución o concurso- inferior al resto de créditos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada. De esta forma, según ha señalado Guindos, la deuda sénior non-preferred sufrirá pérdidas en caso de resolución o insolvencia antes que la deuda sénior y que los depósitos superiores a 100.000 euros, cuyo nivel de prelación es el mismo. En un caso de resolución, las acciones y los subordinados absorberían pérdidas antes que la deuda sénior non-preferred.

Asimismo, se modifica la Ley de Mercado de Valores para dar la consideración de instrumentos financieros complejos a estos instrumentos de deuda, que no está pensado para los particulares.

Por el momento, Banco Santander es la única entidad española que ha emitido deuda con estas características, según recoge Europa Press. En concreto, el banco presidido por Ana Botín ha colocado algo más de 4.100 millones de euros a través de tres emisiones realizadas en lo que va de 2017.

La regulación europea sobre resolución bancaria exige a las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión contar con un número de pasivos que puedan absorber pérdidas en caso de que se inicie un proceso de resolución, el denominado requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL). Con esta ley se da un marco jurídico adecuado, asegura el Gobierno.