Procesan al exconseller Blasco en el 'caso Cooperación' por la construcción de un hospital en Haití

• El juez lo procesa a él y a otras veinte personas en la tercera pieza de la causa
• Blasco y parte de su equipo ya fueron condenados por el TSJCV

El exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, durante el juicio

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el conocido como caso Cooperación, ha procesado al exconseller Rafael Blasco y veinte personas más por la tercera pieza de esta causa, referente a posibles irregularidades en subvenciones y en la construcción de un hospital en Haití.

En esta pieza separada, que investiga en concreto el supuesto desvío de fondos para la construcción de un hospital en aquel país, se ha procesado a Blasco y a parte de su equipo, que ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.

La instructora Nieves Molina ha concluido la investigación sobre esta pieza y ha encontrado indicios para juzgar a los investigados por prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Este juzgado ha concluido la instrucción y ha dictado el auto -de casi 400 folios- de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del caso Cooperación, notificado este viernes a las partes y donde deja la causa preparada para el juicio, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Las dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 cuando Blasco dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el alto tribunal.

Subvención para asesorar en la construcción del hospital

Esta pieza se refiere a supuestos delitos cometidos con ocasión de las acciones institucionales aprobadas para la reconstrucción de Haití tras el terremoto.

Respecto del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que es "evidente" el concierto entre Blasco, Llinares y César Augusto Tauroni, quienes ejercían como "directores o jefes" del "grupo criminal" para poder "organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos".

El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como "miembros activos" de la trama.

En el auto, la jueza explica que Tauroni,  desde su puesto de director de "facto" de la Fundación Entre Pueblos, "era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano Arturo como a su trabajadora de confianza Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, Alfonso Navarro".

Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, "pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita".

Procesan a la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración

Entre los procesados, además del exconseller de Inmigración y Ciudadanía Rafael Blasco, que cumple condena junto a parte de su equipo por la primera pieza del caso, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración.

Están el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la ex secretaria general Tina Sanjuán; el ex director general José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En la resolución, la jueza da traslado al fiscal y a las acusaciones y abre plazo para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar los delitos que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos.

Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Tauroni ya fueron condenados por el TSJCV a penas de prisión en la primera pieza del caso Cooperación por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.