Imputados dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar y seis de la Junta por un ERE minero en Huelva

• La juez investiga las ayudas públicas a cinco minerías de la Faja Pirítica
• Señala a la secretaria general de Empleo y la directora de Trabajo en 2003
• Se investiga a 25 personas, entre ellas seis ex altos cargos de la Junta andaluza

La juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez Bolaños.

La juez María Núñez Bolaños ha abierto diligencias por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva de 2003 y ha imputado a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar, seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía, 10 sindicalistas, dos mediadores y cinco trabajadores.

En un auto notificado este jueves, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla que instruye el caso de los ERE abre diligencias por el expediente aprobado por la crisis minera e incluye como investigadas -antes imputadas- a la secretaria general de Empleo y a la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003, Carmen de Miguel y Soledad Córdova, respectivamente.

Entre los imputados también están los exconsejeros andaluces José Antonio Viera y Antonio Fernández; tres ex directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía; el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana; el ex secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero; y responsables de Uniter y del Estudio Jurídico Villasís.

Pólizas para falsos trabajadores

La juez considera que los imputados cometieron los delitos de malversación y prevaricación, y precisa que en este ERE hubo pólizas para trabajadores que no habían trabajado en la Faja Pirítica -intrusos-, que se falsearon edades para que pudieran cobrar y que se destinó dinero de las pólizas de los trabajadores a "fines distintos".

La investigación se centra en las subvenciones de más de 40 millones de euros concedidos desde el Ministerio de Trabajo y desde la Junta de Andalucía a cinco minerías de la Faja Pirítica de Huelva: Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis -Bolsa de Tharsis e Insersa- y Minas Río Tinto.

Los ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, están imputados "por conocer, permitir e impulsar la concesión de fondos públicos de manera arbitraria careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que permitió que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos públicos".

Además, la juez señala indicios del delito de malversación en las actuaciones de los mediadores José González Mata, de Uniter, por recibir sobrecomisiones; y del abogado Carlos Leal Bonmati por presentar ante la Dirección General de Trabajo de la Junta "una solicitud de ayudas sociolaborales para individuos a los que no les correspondían dichas subvenciones".

Prevaricación y malversación en el Ministerio de Trabajo

A las ex altos cargos del Ministerio de Trabajo se les va a investigar por prevaricación y malversación al apreciar la juez que permitieron "la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".

La juez también investigará el papel jugado en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los extrabajadores afectados, a través de sus representantes sindicales, y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter.

A los sindicalistas, la juez los acusa de desviar fondos abonados por el Fondo de Garantía Social destinados a la Junta de Andalucía, que había adelantado el pago de las prejubilaciones.

Según señala el auto, "las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fondo de Garantía Social debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos".

En el atestado de la Guardia Civil que ha servido de base para este caso se pedía imputar a 267 personas, entre ellos trabajadores perceptores de las ayudas, aunque la juez solo incluye a cinco que se introdujeron como intrusos.