El Gobierno, ante la Ley del Referéndum de Cataluña: "Al Estado le bastan 24 horas para recurrirla"

• Catalá ve antidemocrática la Ley de Referéndum y asegura que no se aplicará
• El Gobierno advierte por carta a los ayuntamientos de que no pueden participar
• La Ley del Referéndum prevé la independencia en 48 horas si gana el 'sí'

Sáenz de Santamaría, ante la ley del referéndum: "Al Estado le bastan 24 horas para recurrirla"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este martes, ante la pretensión de los soberanistas catalanes de aprobar una ley que en 48 horas permita la declaración de la independencia, que "al Estado le bastan 24 horas para recurrirla" y obtener su paralización.

Sáenz de Santamaría ha lanzado esta advertencia en declaraciones a Efe tras la presentación en Cataluña de esa ley de referéndum que ampara la posibilidad de declarar la independencia si gana el sí, sin fijar un mínimo de participación.

La futura Ley de Referéndum pactada por Junts pel Sý y la CUP recoge que el Parlamento catalán proclamará la independencia como máximo en 48 horas si gana el 'sí' en la consulta prevista el 1 de octubre, para dar paso a un proceso constituyente que culmine en una Constitución para la nueva república catalana.

"La Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley del referéndum o la de transitoriedad jurídica y puede decir que en 48 horas puede declarar la independencia, pero una cosa está clara -ha subrayado-, que el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización".

Por ello, ha garantizado que el referéndum independentista "no se va a celebrar ni a las 48 horas va a pasar absolutamente nada".

Mensaje de tranquilidad a los catalanes y a los españoles

Además, ha instado a la Generalitat a dejar de "sembrar división" entre los catalanes porque cree que lo único que cosecha es división en el propio Gobierno de Carles Puigdemont y de los partidos que le sustentan.

Ha añadido que los únicos actos preparatorios en serio que ha hecho la Generalitat han sido amenazar a los medios de comunicación, presionar a los funcionarios, "tratar de endosar su responsabilidad a los alcaldes, neutralizar a la oposición y cesar a los disidentes".

Sáenz de Santamaría ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes y al conjunto de los españoles porque la ley "es lo que deciden los españoles que sea ley, y no lo que redactan unos cuantos señores con delirios independentistas en una tarde tratando de demostrar que van a lograr lo que no pueden conseguir".

Catalá: "La Ley de Referéndum no se aplicará"

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido de que la futura Ley de Referéndum presentada por los independentistas este martes es "manifiestamente antidemocrática" y se ha mostrado convencido de que no entrará en vigor porque es contraria a la Constitución y al Estatuto de Cataluña.

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, Catalá ha dicho que "no hay democracia" al margen de la ley y de la Constitución y ha lamentado la "deriva profundamente autoritaria y antidemocrática" que, a su juicio, impulsan JxS y la CUP en Cataluña, donde "parece que son las minorías las que gobiernan", en alusión a los anticapitalistas.

Catalá, que ha asegurado que la Fiscalía evaluará si debe intervenir a raíz de la presentación pública de la futura Ley del Referéndum, ha lamentado que en Cataluña se están produciendo, en el marco del proceso soberanista, manifestaciones "muy preocupantes de movimientos totalitarios y antidemocráticos".

El Gobierno advierte por carta a los ayuntamientos

Antes de que se conociera el contenido de la ley de referéndum, el Gobierno ha enviado una carta a los ayuntamientos catalanes para advertirles de "la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria", de modo que no pueden colaborar en su organización, ante la intención de un número destacado de municipios de participar en la organización de la consulta.

El Ejecutivo, a través del secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha remitido la carta a 993 entidades locales de Cataluña ante la posibilidad de que participen en una consulta de la que "reiterados pronunciamientos" del Tribunal Constitucional han dicho que vulnera la Carta Magna.

En concreto, la carta del Gobierno va dirigida a los secretarios generales y a los interventores económicos de los ayuntamientos de municipios con más de 500 habitantes. Son ellos los destinatarios porque, en la escala funcionarial de la administración local, son los responsables jurídicos y económicos de los ayuntamientos y a ellos el Gobierno apela para recabar su colaboración, asegurar el cumplimiento de la Constitución y "preservar el adecuado destino de los fondos públicos".

El Gobierno español ha enviado este lunes una carta a los ayuntamientos catalanes para advertirles de "la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria", de modo que no pueden colaborar en la organización del referéndum sobre la independencia. Se ha enviado ante la intención de un número destacado de municipios de participar en la organización de la consulta.

Acusa a la Generalitat "descargar la responsabilidad"

En la carta, el Ejecutivo de Mariano Rajoy señala que "en la medida en que la Generalitat quiere descargar en los ayuntamientos gran parte de su responsabilidad en la organización de dicho referéndum", se ve en la tesitura de recordar que la consulta rompe la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

"Debe tenerse en cuenta que un proceso de esta naturaleza atenta" contra los artículos 1.2, 2, 9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución, así como los artículos 1 y 2.4 del Estatut, escribe en la misiva.

"Reiterados pronunciamientos" del Tribunal Constitucional así lo han reflejado, destaca el Gobierno para subrayar acto seguido: "El Alto Tribunal ha prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum".

El Ejecutivo termina la carta brindando toda su colaboración a estos funcionarios de la administración local ante "las dudas o incertidumbres" que les puedan surgir si el ayuntamiento al que están adscritos contraviene "las reiteradas advertencias" del Constitucional.