La Ley del Referéndum prevé la independencia de Cataluña en 48 horas si gana el 'sí'

• JxSí y la CUP proponen un "régimen jurídico excepcional" para la consulta
• No se marca una participación mínima ni un porcentaje cualificado para el 'sí'
• Se crea una Sindicatura Electoral para hacer las veces de la Junta Electoral
• Puigdemont llama a la participación y garantiza el "voto decisivo" para el 1-O

Los independentistas catalanes presentan la ley para el referéndum: "El 1 de octubre no habrá un cheque de trenes"

La futura Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, presentada este martes por Junts pel Sí y la CUP, prevé la posibilidad de declarar la independencia antes de 48 horas en el caso de que ganara el "sí" en un eventual referéndum el 1 de octubre. En el caso de que ganara el "no", el Govern convocaría elecciones autonómicas.

La iniciativa no se ha registrado aún como proposición de ley en el Parlament sino que ha sido dada a conocer en un acto en el auditorio de la Parlamento catalán, al que han asistido solo diputados de JxSí, CUP, Podem y EUiA y, por la tarde, ha sido presentada por el Govern, los diputados de Junts pel Sí y la presidenta del Parlament, para dar máximo apoyo institucional a esta iniciativa, que aún ha de echar a andar su tramitación.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha puesto al frente en último lugar tras una jornada solemne para los soberanistas catalanes a fin de llamar a la participación y no "desertar" del referéndum y ha garantizado que el Govern hará posible el "voto decisivo" del 1 de octubre.

Sin embargo, a pesar de que los independentistas han destacado la importancia de la alta participación en el referéndum, el texto no fija un porcentaje mínimo de participación para que el resultado del referéndum sea vinculante, ni tampoco marca una mayoría cualificada para validar el 'sí'. Simplemente contiene que se declararía la independencia de Cataluña "si hay más votos afirmativos que negativos".

El texto establece "un régimen jurídico excepcional" con el fin de realizar la consulta y se amparará en la legislación internacional como las sentencias del Tribunal de La Haya y la Carta Suprema de Canadá. Esa ley será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla, advierte en su artículo 3 ante la previsible suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional (TC), y con el ánimo de transmitir seguridad jurídica a todos los cargos que colaboren con la consulta.

“El independentismo dice que la ley del referéndum será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier norma“

"Va a tener prioridad sobre otras normas", ha subrayado Lluís Corominas, vicepresidente primero del Parlament de Cataluña. Los impulsores del referéndum han asegurado que esta ley va a estar por encima de la Constitución española: en su artículo 2 asegura que el "pueblo de Cataluña es una entidad política soberana" con derecho a ejercer el derecho a decidir.

Así, el proyecto de ley que los grupos independentistas llevarán al hemiciclo en las próximas semanas para su aprobación, "ampara a las autoridades y personas físicas y jurídicas que participen en el referéndum", blindándolas de cualquier actuación judicial por parte del Estado, según sus promotores.

La futura Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, presentada este martes por Junts pel Sí y la CUP, prevé la posibilidad de declarar la independencia antes de 48 horas en el caso de que ganara el "sí" en un eventual referéndum el 1 de octubre. En el caso de que ganara el "no", el Govern convocaría elecciones autonómicas.

Sindicatura Electoral, en lugar de la Junta Electoral Central

En el referéndum, según la ley que se pretende aprobar, podrán participar todas las personas con derecho a voto "en una convocatoria electoral convencional" que sean residentes en Cataluña y en el exterior -en este segundo caso se necesitará una acreditación especial-, y la ley establece que el Govern deberá ser neutral en todo el proceso.

Además, está previsto que se cree una Sindicatura Electoral que asumirá las competencias que en los comicios ordinarios tiene la Junta Electoral Central y será el órgano "responsable de velar por la transparencia y la objetividad del proceso electoral y del ejercicio efectivo de los derechos electorales".

“Crea una Sindicatura sin jueces que sustituye a la Junta Electoral y los ciudadanos serán incluidos en el censo sin su consentimiento“

La Sindicatura Electoral estará formada por cinco miembros -juristas y politólogos- propuestos por el Parlament y avalados por una mayoría absoluta, y de entre ellos se elegirá a un presidente -que pasará a denominarse Síndic Electoral- y a un secretario. "Todas las autoridades públicas tienen la obligación de colaborar con la Sindicatura", precisa el texto, antes de apuntar que la Generalitat "podrá habilitar locales alternativos" cuando los ayuntamientos no cedan las escuelas u otras dependencias habituales.

De este organismo dependerán cuatro sindicaturas de demarcaciones con tres miembros cada una de ellas, que representarán a cada una de las cuatro circunscripciones electorales -correspondientes a las cuatro capitales catalanas-, y se encargará de velar por la imparcialidad y el pluralismo de los medios de comunicación y también del escrutinio final: en consecuencia, certificará los resultados del referéndum.

De entre todas las funciones de la Sindicatura Electoral, destaca la acreditación de un equipo de observadores internacionales que hará el seguimiento de todo el proceso, asistirá a todos los actos y preparativos que se celebren, y podrá emitir recomendaciones y hacer consultas.

"Todas las autoridades públicas tendrán la obligación" de colaborar con la Sindicatura Electoral, según la ley, que señala también que los ayuntamientos deberán poner a disposición de este órgano electoral todos los locales que habitualmente se usan como centro de votación. En caso de que se nieguen, el Govern podrá habilitar locales alternativos.

El censo, elaborado por el Govern

En la presentación de la ley se ha asegurado que el censo lo elaborará el Govern y lo validará la Sindicatura Electoral. Las mesas electorales que se constituirán el día de la votación se configurarán mediante sorteo público de entre todos los censados, que tendrán la obligación de participar, como en cualquier votación electoral, y deberán alegar causa "justificada y documentada" para no acudir.

La norma establece que el decreto de convocatoria del referéndum irá acompañado de un decreto de normas complementario en el que se establecerán los detalles técnicos del referéndum, como los modelos de las papeletas y los sobres, los puntos de votación, el periodo en que se llevará a cabo la campaña y los recursos humanos y técnicos que se utilizarán.

En este sentido, lo que sí concreta el proyecto de ley es que el espacio para campaña electoral se dividirá en un 70% para los partidos políticos y en un 30% para las entidades soberanistas, que previamente deberán ser acreditadas.

La presentación de la nueva ley se ha llevado a cabo en un acto realizado en el auditorio del Parlament, y no en el pleno, ya que no será tramitada ni votada hasta finales de agosto. Al acto no han asistido representantes de Cs, PSC, PP ni Catalunya Sí Que es Pot (CSQEP) -algunos miembros de esta última coalición sí han asistido pero no como grupo, sino en representación de Podem y EUiA-.

Colegios electorales y funcionarios "voluntarios"

Tras la presentación de este mediodía, los independentistas han organizado otro acto por la tarde en el Teatro Nacional de Cataluña, con la presencia del presidente Puigdemont y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en el que se han ofrecido más detalles sobre el referéndum, también desarrollados en la página web garanties.cat, creada al efecto y en la que se ha publicado nada más terminar el acto que la Generalitat ha iniciado un proceso de compra "directa" de urnas, después de declarar desierto el concurso que fue objeto de querella de la Fiscalía.

“La Generalitat asegura que ha iniciado un proceso de compra directa de urnas“

Según han explicado los representantes de Junts pel Sí Jordi Turull y Marta Rovira, los ayuntamientos catalanes "cederán los espacios donde se vota habitualmente" para la celebración del referéndum, esto es, los colegios y otros locales, y "donde no lleguen, lo garantizará la Generalitat".

Asimismo, han subrayado que todos los funcionarios y empresas que participen en la preparación o celebración del referéndum estarán amparados por esta ley catalana, que se arroga la primacía jurídica. En este sentido, aseguran que los trabajadores que participen, "sean o no funcionarios", "lo harán de manera voluntaria, como se ha hecho siempre".

Puigdemont: "El 1 de octubre no habrá choque de trenes"

Carles Puigdemont, que ha cerrado el acto con una breve intervención, ha afirmado que el 1 de octubre "no habrá choque de trenes, sino uno que quedará en vía muerta [el del statu quo] y otro continuará. Incluso si gana el 'no' ya nada volverá a ser lo mismo", ha dicho.

El presidente catalán ha mostrado su determinación a seguir adelante con el referéndum afirmando que "desertar de la democracia, rendirnos, resignarnos, tiene un precio todavía más alto para las generaciones futuras" que las "consecuencias" que la convocatoria ha tenido o pueda tener sobre sus promotores políticos, precisamente en el día después del cese como conseller de Jordi Baiget por poner en duda el referéndum.

También ha garantizado que el Govern hará posible el "voto decisivo" del 1 de octubre. "No nos da vergüenza decir que nosotros [el Govern] somos la garantía de que todo el pueblo de Cataluña podrá votar libremente y de que su voto será decisivo", ha afirmado.

La Fiscalía no actuará contra el proyecto de Ley del referéndum hasta que no se apruebe, informa Europa Press, al considerar la presentación del texto una mera declaración política y no tener efectos jurídicos, ya que el texto aún puede verse modificado durante la tramitación en el Parlamento de Cataluña, pero el Gobierno, que ha enviado una carta a los funcionarios municipales catalanes, ya ha adelantado que esta ley es "manifiestamente antidemocrática" y que no se aplicará, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que "al Estado le bastan 24 horas para recurrirla" y obtener su paralización.