El urbanismo costero en España se ha disparado un 57% desde 1987, según Greenpeace

• Sólo un 27% del litoral está protegido, según la organización ecologista
• Alerta de 53 zonas de alta presión urbanizadora ante una nueva burbuja
• También denuncia que la mitad de la costa pública mediterránea está destruida
• Son datos del informe Protección a toda costa. Un tesoro que no debemos perder

Imagen de archivo de La Manga del Mar Menor, en Murcia.

La superficie artificial en el litoral español ha crecido un 57% desde 1987, un año antes de propulgarse la Ley de Costas, sobre todo en la costa sur (62%), seguida de Canarias (48%) y la costa norte (45%), según el informe Protección a toda costa. Un tesoro que no debemos perder, elaborado por Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad.

El informe, presentado este lunes en Málaga a bordo del buque 'Esperanza' de Greenpeace, recoge datos del dominio público marítimo terrestre modificado por el ser humano entre 1987 y 2011, y analiza los espacios naturales protegidos (bien por las comunidades autónomas o por figuras de protección europea) de las 22 provincias costeras de España a través de fotografías de satélite.

Para ello, el Observatorio de la Sostenibilidad ha estudiado 7.880 kilómetros lineales de la costa española, que se cruzaron con 21.000 parcelas del inventario nacional de hábitats para contabilizar 21 millones de hectáreas.

En este sentido, sólo un 27% de la costa española está protegida y esta situación prevalece, desde el punto de vista provincial, en Huelva (61%, debido al entorno del Parque Nacional de Doñana), Santa Cruz de Tenerife (59,7%), Las Palmas (51,6%), Baleares (48,8%) y Girona (42,7%). Sin embargo, el informe recalca que casi la mitad de la costa pública del Mediterráneo está destruida.

Por otro lado, el estudio incluye otras tres clasificaciones principales. Una de ellos es cuánto ha crecido la urbanización costera entre 1987 y 2011, y señala que el crecimiento urbanístico se disparó en la costa cálida, principalmente en Castellón (148%), Granada (146%), Valencia (118%), Cádiz (111%), Almería (107%) y Alicante (103%), que más que duplicaron la superficie construida en sus litorales, mientras que el porcentaje cae bruscamente en las tres provincias catalanas, probablemente por la saturación del espacio no protegido: Barcelona (19%), Tarragona (9%) y Girona (3%).

Otra es cuánto se ha construido en los 10 primeros kilómetros de costa, que, según el informe, engloban la franja "más codiciada por la industria turística y de la construcción". Esta clasificación está encabezada por Barcelona (31,7%), por delante de Alicante (21,9%), Málaga (20,5%), Cádiz (14,5%) y Pontevedra (13,1%).

Y la tercera es cuánto se ha construido donde lo prohíbe la Ley de Costas, es decir, en el dominio público marítimo terrestre, que se trata de la zona costera que es de bien público. Las provincis con más costa pública destruida son Málaga (74,9%), Cádiz (69,1%), Barcelona (68,9%), Valencia (66,7%), Alicante (64,3%), Castellón (47,5%), Girona (43,8%), Tarragona (40,3%) y Huelva (36,9%).

"Los datos indican que no ha desaparecido el ansia por seguir ocupando los primeros kilómetros de costa y los alrededores de los parques naturales. La flexibilización de normativas como la nueva Ley de Costas, la Ley de Impacto Ambiental, la futura Ley del Suelo de Canarias y la indiferencia ante sentencias judiciales como en el hotel de El Algarrobico parecen ser los catalizadores de una segunda edad de oro para el ladrillo", declara Pilar Marcos, responsable de la campaña Biodiversidad de Greenpeace.

Mayor exposición a inundaciones o torrentes

Uno de los principales riesgos que se identifican en el informe es el aumento de la construcción de urbanizaciones e infraestructuras en la costa junto a los efectos derivados del cambio climático y la mayor exposición a inundaciones o a torrentes, lo que ocurre en municipios como Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo (Málaga), Empuriabrava (Girona) o Marina de Port d'Aro (Girona), que, según el informe, han quedado amnistiados y fuera de protección gracias a la nueva Ley de Costas y tienen, por ello, un especial riesgo de inundación.

Por otro lado, el informe incluye proyectos urbanísticos costeros que emergieron durante "la primera ola de destrucción costera" y que han quedado anclados en las costas como ejemplo de políticas de desarrollo urbanístico sin control. Algunos de estos 'elefantes blancos' son el hotel ilegal del Algarrobico (Almería), el Acuario sin abrir del Puerto de Cádiz, las obras paralizadas de Puerto Mayor en la La Manga del Mar Menor (Murcia), el fallido 'Parque de la Relajación' en Torrevieja, la abandonada central nuclear de Lemoniz en ruina desde hace 30 años o el puerto exterior de los 1.000 millones de euros de obra en Langosteira (A Coruña).

Alta presión urbanizadora y nueva "burbuja inmobiliaria"

Además, analiza las tendencias y las zonas que pueden sufrir en un futuro alta presión urbanizadora, dado que en la actualidad o no están protegidas o se encuentran cerca de zonas ya urbanizadas y bien comunicadas. La organización ecologista advierte así de la "amenaza" de una nueva "burbuja inmobiliaria" en la costa española

Se trata de 53 áreas, de las que once se encuentran en Andalucía: de Isla Canela a Isla del Moral, Isla Cristina-Islantilla (Huelva), Caños de Meca-Conil, Chipiona-Sanlúcar y Barbate-Zahara de los Atunes, Torreguadiaro (Cádiz), Sur de Motril (Granada), Torre del Mar (Málaga) y Roquetas-Aguadulce, tramo Oeste de Almerimar y San Juan de los Terreros (Almería).

Otras zonas recogidas en el informe son Güimar-Aeropuerto Sur y Punta del Hidalgo-Mesa del Mar (Tenerife), Formentera, sudoeste de Ibiza, la costa norte de Gran Canaria y la oriental de Fuerteventura, el litoral sudoriental de Mallorca, Águilas-Cabo Cope (Murcia), el fondo de la ría de Vigo, Cullera-Gandía (Valencia) y el tramo Mataró-Girona (Cataluña), entre otras.

"De seguir las tendencias actuales, en muy pocos años habremos dilapidado lo poco que queda y es urgente un uso prudente del suelo sobre todo en un escenario de cambio climático", alertó Fernando Prieto, del Observatorio de la Sostenibilidad.