España se compromete a reubicar a 500 refugiados más al mes a petición de la Comisión Europea

• Sáenz de Santamaría ha anunciado un "esfuerzo adicional" a petición de Bruselas
• De los 17.337 refugiados que se comprometió a acoger, sólo han llegado 1.400
• El PSOE acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de inacción y falta de humanidad
• Ver también: Refugiados en España en el limbo del asilo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo, en la Cámara Baja.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este miércoles que España, a petición de la Comisión Europea, hará un "esfuerzo adicional" para reubicar a 500 refugiados durante los próximos tres meses.

Sáenz de Santamaría lo ha anunciado en el pleno del Congreso, cuando ha sido preguntada en dos ocasiones, una por PSOE y otra por el PDeCAT, por la política de refugiados del Gobierno, al que le han recriminado que hasta ahora el país ha recibido a menos de 2.000 refugiados, cuando se había comprometido a acoger a más de 17.000 antes del 27 de septiembre.

"Es inaceptable, inadmisible, incluso para alguien como el presidente Rajoy que lo que hace esperar a que todo pase (...). "Ocúpense de los refugiados", le ha reprochado la portavoz del PSOE, Adriana Lastra.

La vicepresidenta se ha defendido argumentado que no se trata de un problema del país, sino "compartido" por todos los Estados de la UE, que sólo han reubicado a 23.000 de las 160.000 personas que deben acoger. "Estamos ante un problema compartido", ha insistido Saénz de Santamaría.

España está por encima de la media de acogida de la UE ya que ocupa el séptimo puesto de 32, según Sáenz de Santamaría, quien ha explicado que entre 2015 y 2016 el país recibió 40.000 peticiones de asilo y en lo que llevamos de año, otras 16.000.

Acusaciones de "inacción" y falta de humanidad

Estas explicaciones no han servido a Lastra, quien ha acusado al Ejecutivo de falta de humanidad por "mirar para otro lado" cuando ve "una realidad que no le gusta". Por su parte, Jordi Xuclá, diputado del PDeCAT ha recordado a la vicepresidenta que la oferta de la Generalitat para acoger 4.500 refugiados fue rechazada. A su juicio, esta situación "alimenta la desafección de la sociedad catalana hacia el Gobierno español".

Santamaría ha recordado a Lastra que el Gobierno del PP ha mejorado las cifras de asilo (de un 25% al 56%) con respecto al Ejecutivo del PSOE y le ha pedido "mesura" a la hora de hablar de humanidad. Y al diputado catalán, por su parte, le ha pedido que deje los "discursos fáciles" y explique que de las 4.500 plazas ofertadas por Cataluña sólo se presentaron datos para 301 plazas, de las cuales 91 no cumplían con los estándares mínimos para dicha acogida.

La vicepresidenta también ha acusado a Xuclà de no estar verdaderamente interesado en el tema, después de que, en su intervención, el diputado le recordara que el plazo para el compromiso de acogida termina el 27 de septiembre, cuatro días antes del 1 de octubre, la fecha en la que el gobierno catalán ha convocado un referéndum de independencia. "Nosotros el 1 de octubre vamos a ejercer la democracia y espero que usted el 27 de septiembre cumpla sus objetivos", ha declarado Xuclà.

De los más de 17.300 refugiados que España se ha comprometido a acoger antes del 27 de septiembre, el gobierno tan sólo ha reubicado a 1.070 de Italia y Grecia y ha reasentado a 418 que se encontraban en campamentos de países vecinos de Siria, como Turquía, Líbano y Jordania, quienes más refugiados acogen dentro de sus fronteras.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró a principios de mes que esperaba que la Unión Europea rebaje "ostensiblemente" la cifra de 17.000 refugiados que España debe acoger antes del próximo mes de septiembre a "en torno 7.000 ó 7.500".

Debate en el Parlamento Europeo

La crisis de refugiados también ha estado presente este miércoles en el Parlamento Europeo, donde se ha debatido la propuesta de Italia sobre la elaboración de un código de conducta para las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo central.

Representantes de estas ONG -entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras- han denunciado ante la Eurocámara que ese plan pone en riesgo la vida de los migrantes y refugiados y han rechazado que sus tareas de salvamento esté creando efecto llamado.

“Las tasas de mayor mortalidad se dieron antes de que llegaran las ONG”, advierte Marco Bertoto, de MSF.

Según las ONG, el borrador del código de conducta impide a las organizaciones humanitarias entrar en aguas territoriales libias para efectuar rescates, comunicarse con los traficantes y emplear luces para señalar su posición a embarcaciones en riesgo de hundirse. Además obliga a regresar a los puertos para desembarcar a los refugiados e inmigrantes, en vez de permitir transferir a las personas rescatadas a otras naves en el mar "si fuera necesario".

Para esas organizaciones, ese requisito forzará a los equipos de búsqueda y rescate de las ONG "a desplazarse durante largos periodos de las áreas en las que se les necesita y dejará a más gente en riesgo de ahogarse en el Mediterráneo central".

"Las ONG están en el Mediterráneo rescatando personas porque la Unión Europea no lo hace", ha asegurado la directora asociada de Human Rights Watch para Europa y Asia central, Judith Sunderland, quien también ha denunciado los "horribles abusos" a los que se enfrentan los inmigrantes y demandantes de asilo en Libia.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, más de 2.000 personas han fallecido en el Mediterráneo central desde enero.