El Gobierno tramita el anteproyecto de ley para facilitar la lucha contra el terrorismo en la UE

• Simplificará el trabajo judicial ante la delincuencia y el terrorismo
• Agilizará los trámites cuando se soliciten pruebas de otro país de la Unión
• Permitirá que se interrogue a testigos o se lleven a cabo registros domiciliarios

El portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros celebrado este viernes ha tramitado el anteproyecto de ley para regular la orden europea de investigación, una iniciativa que simplifica el trabajo de las autoridades judiciales ante la delincuencia y el terrorismo cuando soliciten pruebas que se encuentren en otro país de la Unión Europea. "Lo que vamos a agilizar es la relación entre las instituciones judiciales", ha manifestado el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

En la reunión del Gobierno se ha aprobado en concreto el anteproyecto que modifica la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE para regular la orden europea de investigación. "Calculamos que en la segunda mitad del año el Gobierno estará en condiciones de presentar el proyecto de ley ante las Cortes Generales", ha adelantado Méndez de Vigo.

Según informa Justicia, ministerio que ha impulsado la norma, la transposición de la directiva europea permitirá centralizar la recepción de todas las órdenes a través del Ministerio Fiscal, que realizará un control de legalidad de todas las OEI recibidas y practicará las diligencias oportunas para determinar el órgano judicial en el que habrá de ejecutarse la orden cuando contenga alguna medida limitativa de derechos fundamentales. En caso contrario, será el propio Ministerio Fiscal quien la resuelva.

Interlocución entre autoridades de diferentes países

Este nuevo procedimiento facilitará a las autoridades extranjeras la interlocución con las autoridades españolas, reducirá trámites administrativos y permitirá una gestión más eficiente de los recursos humanos y materiales, expone el Ejecutivo. La directiva no estipula una relación tasada de medidas de investigación aplicables, sino que cada estado empleará aquellas que estén recogidas en su propio ordenamiento interno.

Se insta a los Estados miembros a que se respete el principio de necesidad y proporcionalidad a la hora de emitir una Orden Europea de Investigación, así como a optar en la ejecución por una medida menos invasora que la indicada por la OEI si permite obtener resultados similares.

Además de la transposición de la directiva, el anteproyecto de ley realiza mejoras concretas en aspectos de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea e introduce tres reformas legales.

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para ajustar nuestro ordenamiento a la aplicación del Reglamento europeo por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de rendición de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.

Contempla también la adecuación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, a la Directiva (UE) 2016/1919, para prever la posibilidad de solicitar, en casos justificados, la sustitución del letrado asignado, así como para poder ejercer el derecho de ser asistido por un abogado en un juicio por delito leve.

La tercera modificación tiene por objeto transponer la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión Europea no representados en terceros países.