Anticorrupción mantiene los cargos contra la excúpula de CAM por "hacer trampas" contables en 2010

• Pide siete años y medio de cárcel para cuatro de los exdirectivos juzgados
• La Fiscalía solicita solicita entre 10 y 14 meses de prisión para otros dos
• Cree que falsearon de forma "intencionada" las cuentas de la caja de ese año
• Considera que eso provocó un "daño innegable" al mercado y a los inversores
• Retiran la acusación contra el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa

El ex director general de la CAM, Roberto López Abad, en una imagen de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este lunes los cargos contra siete miembros de la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a los que ha acusado de "hacer trampas" en los estados contables de 2010, que arrojaron cerca de 200 millones de euros de beneficio por operaciones "sin lógica económica".

En concreto, la Fiscalía ha solicitado siete años y medio de cárcel para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García. A los cuatro les acusa de un delito de falsedad contable continuada y de estafa.

Asimismo, el Ministerio Público reclama una pena de un año y dos meses de prisión para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater. Para el ex director general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha solicitado una pena de diez meses de cárcel.

Sin embargo, Rodríguez Sol ha retirado su acusación contra el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quien pedía un año y dos meses de cárcel. Ante ausencia de cargos en su contra, Ochoa ha abandonado el juicio.

La Fiscalía ha pedido también que los acusados abonen las indemnizaciones tanto a los inversores de cuotas participativas entre el 1 de marzo y el 22 de julio de 2011, fecha en la que la CAM fue intervenida por el Banco de España, así como a Banco Sabadell, que, no obstante, podría tener que hacer frente a una posible responsabilidad civil extracontractual.

Las cuentas, "falseadas" de forma "intencionada"

Durante la lectura de sus conclusiones, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha asegurado que esas "cuentas falseadas" de forma "intencionada" -las del año 2010- consolidaron una situación de "tranquilidad" en el ejercicio siguiente que ocasionó un "daño innegable" tanto al mercado como a los inversores, quienes "no habrían adquirido cuotas participativas de haber sabido que no obtendrían nada".

En este sentido, ha cargado contra los exdirectivos de la entidad por "engañar" e "inflar" el resultado con el único fin de "ganar la partida" y mejorar la liquidez, objetivo para el cual considera acreditado que los siete incurrieron en una gestión con "deficiencias críticas" que avaló operaciones sin sentido cuyos riesgos no fueron controlados.

Entre éstas, ha señalado el pase de créditos fallidos a normales, estrategia que, junto a las titulizaciones, figura en uno de los correos remitidos por el ex director general y "administrador de hecho" de la caja Roberto López Abad en noviembre de 2010, en el que se hacía eco de la precaria liquidez de la CAM, que necesitaba de 300 millones de euros.

Asimismo, ha tildado de "imposible" que a 31 de marzo de 2011, después de la ruptura definitiva del proceso de fusión con otras cajas, las cuentas reflejaran 39,8 millones de beneficio, una cifra fruto de seguir con la operativa incorrecta de reclasificación de títulos y que "proyectó tranquilidad" al inversor.

López Abad, primer responsable para la Fiscalía

El Ministerio Público ha destacado a López Abad por ser el primer responsable de las irregularidades cometidas en el seno de la caja, así como a su adjunta, María Dolores Amorós, en tanto que ha señalado al ex director general de Riesgos Francisco Martínez como cooperador necesario al ser su departamento el encargado de ejecutar las titulizaciones y reclasificaciones de créditos investigadas.

Una acusación similar a la que formula contra el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, quien "conocía las cuentas perfectamente como experto que era" y, además, autorizó unas retribuciones de 47,3 millones para el equipo directivo que "nunca deberían haberse percibido de haberse reflejado los resultados reales".

Sobre el ex director general de Recursos Vicente Soriano, el fiscal ha reconocido que su participación fue más limitada que la del resto, si bien lo continúa creyendo "cómplice" de la estafa. Tampoco ha variado su postura respecto al expresidente de la CAM Modesto Crespo, contra el que no ejerce cargos.

El FGD retira la acusación contra el expresidente de la entidad

Crespo también ha sido exculpado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ha retirado la solicitud de nueve años de prisión contra el expresidente de la entidad. El organismo ha sostenido que la presunta falsedad contable achacada al expresidente por varias acusaciones se produjo a través de conductas "tan técnicas" que aún habiéndolas detectado no podría haber evitado.

En este sentido, ha aseverado que si bien Modesto Crespo debería haber velado por el cumplimiento de la norma, en el caso de la CAM los estados contables eran remitidos a las instituciones por los propios directivos, por lo que escapaban de su vigilancia.

Sí mantiene los cargos contra los ex directores generales de la caja María Dolores Amorós y Roberto López Abad, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el ex director general de Riesgos Francisco Martínez, para quienes pide penas de entre nueve y dos años de prisión.

Además, ha defendido su papel de perjudicado por las presuntas irregularidades cometidas por la excúpula de la CAM ya que, de no haber sido intervenida con fondos públicos, la quiebra de la entidad habría derivado en una posible responsabilidad por insolvencia punible, como sucede con el resto de entidades, recoge Efe. Solicita como cantidad la diferencia entre los 58 millones de beneficios inicialmente plasmados y los más de 1.000 millones de pérdidas.

Posición de otras acusaciones particulares

En su turno de exposición, la Fundación Caja Mediterráneo, heredera de la obra social de la CAM que ejerce la doble condición de acusación particular y defensa, ha coincidido con sus predecesores acerca del falseamiento, si bien ha conservado los cargos contra Crespo ya que formaba parte de la comisión de titulizaciones, operaciones cuya baja de balance generó un beneficio ficticio de 65 millones.

Por su parte, el abogado Diego de Ramón, acusación particular y popular, ha dedicado su exposición a los más de 1.000 inversores de cuotas participativas a los que representa, personas "de estrato bajo" a los que la CAM engañó "como quien engaña a un ciego".

Asimismo, ha informado a la sala de la reducción de su petición de condena para Crespo "por su escasa participación" en los hechos hasta el año de prisión de los 16 inicialmente solicitados.