El TSJ de Cataluña cita a declarar como imputado al exconseller Germà Gordó por el caso del 3%

• El Tribunal investiga la presunta financiación ilegal de CDC
• El juez ha citado también a declarar al tesorero de CDC Andreu Viloca

Imagen de archivo del exconseller de Justicia de la Generalitat catalana Germà Gordó

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como investigado (una situación antes conocida como la de imputado) para el próximo lunes al exconseller de Justicia Germà Gordó, por su relación con el llamado caso del 3% en el que se investiga la presunta financiación ilegal de CDC, informa Efe. Gordó tendrá que declarar el 24 de julio.

En una providencia, el magistrado del TSJC Carlos Ramos, que investiga el caso, ha citado también a declarar al tesorero de CDC Andreu Viloca, como testigo aunque asistido por un abogado dada su condición de investigado en la causa del 3% que dirige el juez de El Vendrell (Barcelona).

Hombre de confianza de Artur Mas

El TSJC abrió una investigación a Gordó, que ha dimitido del Partido Democrático de Cataluña (PDeCAT) aunque conserva su escaño en el Parlament como no adscrito, a raíz de los indicios de que pudo mediar para que empresas constructoras hicieran donaciones a fundaciones afines a CDC a cambio de adjudicaciones.

Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre 2010 y 2012; conseller de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA), con lo que tuvo responsabilidades organizativas y económicas, expone el auto.

Presuntamente, requería a empresas que optaban a concursos públicos a realizar "cuantiosas donaciones a dos fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, en concreto, las fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona".

Así, habría conseguido que Constructora Pirenaica (Copisa) donara 100.000 euros a ambas fundaciones en el año 2012 a cambio de la adjudicación por el Consorci d'Educació de Barcelona y del contrato de obras de mantenimiento de varios edificios escolares públicos, que ascendían a 4,7 millones de euros.

También habría seguido el mismo camino la adjudicación por la Autoridad Portuaria de Barcelona -la Generalitat forma parte del consejo de administración a una UTE formada por Copisa, COmsa, ACSA y Benito Arnó- por dos contratos que ascendían a 39,6 millones de euros.