El Gobierno controlará los gastos de la Generalitat y cortará el fondo de liquidez si financia el referéndum
- El Gobierno controlará semanalmente que no se destine "un sólo euro"
- Diferentes órganos económicos de la Generalitat deberán certificarlo
- "Ni un sólo euro de los catalanes va a ir encaminado a un referéndum ilegal"
El Gobierno de Mariano Rajoy controlará de forma semanal que la Generalitat de Cataluña no destine "ni un sólo euro" al referéndum "ilegal", de tal forma que diferentes órganos económicos de la administración catalana deberán remitir al Ministerio de Hacienda un certificado para comprobar que no se ha autorizado "ningún gasto" en la organización de la consulta del 1-O, tal y como ha anunciado este viernes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Si la Generalitat no atiende esta petición del Ejecutivo, Cataluña no recibirá los fondos del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), que prevé 3.600 millones para Cataluña este año. La comunidad ha recibido de este fondo, desde 2012, más de 63.000 millones de euros.
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidida por el presidente del Gobierno, ha alcanzado así un acuerdo, que será de aplicación "inmediata", para que los interventores de todas las consejerías, los responsables económicos-financieros de los entes públicos de la Generalitat, el director general de Presupuesto y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro informen semanalmente al Gobierno central sobre las partidas presupuestarias del Govern con el fin de verificar que no se destinan recursos públicos a actividades vinculadas directa o indirectamente a la consulta.
"Ni un sólo euro para el referéndum de unos pocos"
"Ni un sólo euro de los catalanes va a ir encaminado a un referéndum ilegal que quieren unos pocos", ha afirmado el portavoz del Gobierno, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha calificado la medida como "preventiva" para "garantizar el buen fin de los dineros públicos".
Ha justificado, además, esta decisión en la sentencia del Tribunal Constitucional que anula las partidas presupuestarias de la Generalitat destinadas a la consulta soberanista.
En este sentido, Méndez de Vigo ha recordado que, tras esta sentencia, la Generalitat ha reiterado su pretensión de seguir adelante con su hoja de ruta soberanista, lo que, a su juicio, comporta un "riesgo para el interés general", además de "incertidumbre económica perjudicial" para ciudadanos y empresas.
Según señala el acuerdo, el Ministerio de Hacienda se encargará de la verificación de la información que envíen desde los organismos de la Generalitat, y si constatara que se está llevando dinero público a la celebración del referéndum, trasladará el asunto a las autoridades competentes, que se encargarán de suspender el FLA para Cataluña.
El Gobierno consideraría "muy grave" el cumplimiento de esta orden
Preguntado si la decisión de este viernes es un paso previo a la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución para evitar la celebración de la consulta independentista, el portavoz del Gobierno se ha limitado a decir: "el acuerdo de hoy es lo que es y es muy importante".
El portavoz, quien ha dicho desconocer si la Generalitat catalana había sido informada antes de este acuerdo, ha apuntado que no contempla la posibilidad de que las personas señaladas como responsables de remitir la información requerida no lo hagan, porque "los funcionarios cumplen la ley". "Sería muy grave", ha advertido y ha dicho que las posibles sanciones dependerían de cuál fuera el tipo de conducta.
No obstante, ha admitido que hasta ahora todo han sido anuncios de la consulta y que no hay ni siquiera una convocatoria oficial, porque "nadie ha firmado nada".