Un juez investigará a los aviadores italianos que bombardearon Durango en 1937 por crímenes de guerra

• Un total de 281 bombas cayeron sobre Durango, causando más de 300 muertos
• Podría ser el primer bombardeo contra la población civil de la historia
• Se suma a otra de la asociación de italianos antifascistas Altra Italia

Bombardeo sobre Durango (Vizcaya) en 1937.

Un juez de Durango (Vizcaya) ha abierto una investigación por un delito de lesa humanidad y crímenes de guerra contra los aviadores italianos que participaron en los bombardeos que entre marzo y abril de 1937, en plena Guerra Civil, causaron más de 300 muertos en esta población vizcaína.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Durango admite a trámite la querella interpuesta por el Ayuntamiento de Durango, al que impone una fianza de 30 euros para poder personarse en el procedimiento.

Como primera diligencia, el juez ofrece a los querellantes una comparecencia para ratificar el contenido de su escrito, en el que el consistorio se persona como acusación particular como perjudicado por el bombardeo del Ejército italiano, considerado por algunos historiadores como el primero de la historia sobre población civil y que destrozó más de 300 edificios, 11 de ellos municipales, como las escuelas o la casa consistorial.

Se suma a otra investigación por los crímes de la Guerra Civil

La querella, redactada por la abogada barcelonesa Anaïs Franquesa, se suma a la que la asociación de italianos antifascistas Altra Italia presentó por los bombardeos de la aviación italiana a Barcelona entre 1937 y 1939 y que ha dado pie a la primera investigación abierta en España por los crímenes de la Guerra Civil.

Como en el caso de la querella por los ataques aéreos a Barcelona, la denuncia del Ayuntamiento de Durango, al dirigirse contra 46 militares italianos, ha logrado sortear los límites de la Ley de Amnistía de 1977, que de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo impide las acciones entre españoles por hechos acontecidos en la Guerra Civil.

La investigación por los bombardeos abierta en Barcelona en 2013 permanece encallada debido a las trabas para identificar a los miembros de las Fuerzas Aéreas que participaron en los ataques, por lo que la acusación ha solicitado a la Seguridad Social y la Hacienda española e italiana que los identifique a través de las pensiones que cobran de ambos países, en el caso de España subsidios vitalicios que les concedió Franco.

Trabajo de investigación previo del historiador Jon Iriazabal

La querella del Ayuntamiento de Durango, por el contrario, viene documentada con un trabajo de investigación previo del historiador Jon Iriazabal, que ha dado con los nombres de los militares que participaron en los bombardeos a través de las cartillas de vuelo que custodia el Uficcio Storico de Operazione Militari Spagna, con sede en Roma.

Tras tomar declaración a los querellantes, el juez decidirá sobre el resto de diligencias solicitadas por el consistorio, entre ellas que se cite a los aviadores como investigados, en concepto de autores, cómplices o cooperadores necesarios.

Los querellantes sostienen que los ataques aéreos de la Aviazione Legionara supusieron una "intervención militar extranjera ilegal", sin que mediara ninguna declaración de guerra a Italia, y apuntan a que los aviadores usaron nombres en clave y ocultaron las matrículas en una "muestra clara de que diseñaron y perpetraron tales hechos conociendo claramente su carácter prohibido por el derecho internacional".

Según la querella, sobre Durango se arrojaron 281 bombas, que sumaban 14.840 explosivos y afectaron a 321 edificios, de los que 70 fueron derribados, mientras que tres iglesias acabaron totalmente destrozadas, lo que en daños económicos se estima en 4,2 millones de euros.

Los principales bombardeos se concentraron el 31 de marzo de 1937 en dos pases aéreos que sobrevolaron el cielo de Durango a las 08:30 y las 16.30 horas, el primero de los cuales se cebó en el casco viejo del municipio y sorprendió a la mayoría de los vecinos "en casa y en sus quehaceres diarios", sostiene la querella.

El objetivo de los ataques era "provocar terror en la población civil", sostienen los denunciantes, que recuerdan que Durango "no era zona de frente de guerra" durante la contienda y que los bombardeos sobre población civil "violaban al mismo tiempo las leyes y usos de guerra aprobados en la convención de La Haya de 1899".