La Generalitat recurrirá al Constitucional y al Supremo la "amenaza" de Rajoy con el FLA

• Junqueras avisa también de que no darán la lista de funcionarios que le reclaman
• Tienen previsto llevar el tema a "instancias internacionales"
• La CUP pide un protocolo para que la Guardia Civil no entre en el Parlament

La Generalitat recurrirá al Supremo y al Constitucional los controles ligados al FLA

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha anunciado este martes que presentarán un doble recurso ante el Tribunal Supremo y el Constitucional "la amenaza" del Gobierno central de cortar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Generalitat, y ha asegurado que esto es un paso previo a llevar este mismo asunto ante instancias internacionales.

En una rueda de prensa después de la reunión del Govern, Junqueras ha explicado las medidas ante la decisión del Gobierno de aumentar el control sobre los gastos de la Generalitat para evitar que destinen fondos al referéndum anunciado para el 1 de octubre y, en caso de que sí se destinen, suspendería las entregas del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA).

El vicepresidente de la Generalitat ha acusado al Gobierno de "amenazar a la parte más débil de la sociedad", ya que afectaría a "proveedores que ofrecen servicios sociales", por lo que ha pedido al Ejecutivo del PP que actúe con la "máxima responsabilidad".

Junqueras ha asegurado que en ningún caso estas advertencias frenarán la celebración de un referéndum de independencia: "Es evidente que no haremos un referéndum utilizando los recursos del FLA".

No darán la lista de funcionarios encargados de las finanzas

También, el número dos del Ejecutivo catalán que encabeza Carles Puigdemont ha avisado de que "no facilitará" al Gobierno del PP la lista de trabajadores públicos que certifican las finanzas de la Generalitat, pues son "los miembros del Govern" los que certificarán cualquier petición de información, ha afirmado.

Se trata de un cambio de criterio en el ejecutivo catalán, ya que el lunes el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó aseguró, en respuesta a la demanda del Gobierno, que identificaría a los funcionarios implicados en el control de los gastos dado que, de hecho, Hacienda ya disponía de aquella información.

Pero ahora el Govern ha decidido presentar sendos recursos ante el Supremo y el Constitucional como un primer paso para acudir luego a todas las instancias internacionales para hacer frente a lo que el Govern ve como "un ataque y un castigo".

El Gobierno acordó imponer un control semanal del gasto a la Generalitat que obliga a todas las entidades públicas con capacidad de gasto a certificar ante Hacienda no haber iniciado ningún expediente de inversión en los preparativos de la consulta independentista. Según Junqueras, entre las 183 entidades requeridas está por ejemplo el Consorcio de los lagos de Ivars (Lleida) o la Escuela Superior de Música de Cataluña, que "no pagan referendos", ha subrayado.

La CUP no quiere a la Guardia Civil en el Parlament

Por otro lado, la diputada de la CUP Mireia Boya ha pedido a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a la Mesa de la Cámara que elaboren un protocolo de actuación para impedir que la Guardia Civil entre en el Parlament: "Que se queden en la puerta, que no entren".

"La Guardia civil no tiene que venir al Parlament para nada. No es su casa y no son bienvenidos", ha advertido la diputada 'cupaire' en una rueda de prensa tras la entrada el jueves en el Parlament, en la Generalitat y en otras instituciones catalanas de agentes del Instituto Armado requiriendo información sobre el caso del 3%, lo que para la CUP se enmarca en las "amenazas continuadas y crecientes del Estado".

Boya ha recordado que la CUP es acusación popular en el caso del 3%, por lo que afirma que están implicados con la lucha contra la corrupción, pero avisa de que no están dispuestos a aceptar "ninguna escenificación de poder en la casa del pueblo catalán, que es soberano".

Por eso acepta que se requiera información a las instituciones para una investigación sobre corrupción, pero insiste en no dejar entrar a agentes de los cuerpos de seguridad del Estado en las instituciones, y pide un protocolo "contundente" para evitarlo.