EE.UU. sanciona a 13 altos cargos y amenaza con más medidas si sigue el proceso constituyente en Venezuela
- Entre los sancionados están la presidenta del poder electoral y varios ministros
- Washington advierte de sanciones contra quienes participen en las elecciones
- La Casa Blanca afirma que el proceso pone en riesgo la democracia en el país
- España convoca al embajador venezolano para exigirle un acuerdo pacífico
Estados Unidos ha impuesto este miércoles sanciones contra 13 altos cargos y antiguos responsables gubernamentales de Venezuela ante la deriva de Ejecutivo de Nicolás Maduro, que pretende celebrar elecciones el próximo domingo para formar una Asamblea Constituyente, y ha amenazado con más sanciones si continúa el proceso, que ha suscitado el rechazo de la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional.
El Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado a través de un comunicado que las medidas se dirigen "contra responsables del Gobierno venezolano y otros que socavan la democracia". En este sentido, el responsable del Tesoro, Steve Mnuchin, advierte en la nota que Washington podría ampliar las sanciones a quienes participen en la organización o sean candidatos en los comicios constituyentes del 30 de julio.
Por el momento, la lista de sancionados incluye al responsable de la Comisión Presidencial para la Constituyente y exvicepresidente de Venezuela, Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el Tesorero de la Nación, Carlos Malpica Flores.
También se actúa contra el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio Rivero Marcano; el resaponsable de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; el exjefe de ese mismo cuerpo, Franklin García Duque; y el comandante del Ejército Bolivariano, Jesús Suárez.
Por último, el Departamento del Tesoro estadounidense sanciona al vicepresidente de finanzas de la petrolera estatal PDVSA, Simón Zerpa; al viceministro de Exteriores para Europa, Alejandro Antonio Fleming; y al presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Rocco Albisinni Serrano.
El sector petrolero, en el punto de mira de Washington
Los sancionados coinciden en parte con una lista propuesta este martes a Trump por los senadores de origen cubano Marco Rubio y Bob Menéndez, y todos ellos verán congelados cualquier propiedad que puedan tener en Estados Unidos y tendrán prohibido hacer transacciones con estadounidenses o personas que se encuentren bajo esa jurisdicción.
Pese a que la lista incluye a un alto cargo de PDVSA, la administración de Donald Trump no ha llegado a imponer sanciones más amplias que pudieran afectar a todo el sector petrolero de Venezuela, clave para la economía venezolana, aunque esa opción no está descartada: "Las sanciones sectoriales todavía están bajo consideración, todas las opciones están sobre la mesa del presidente", ha explicado a los periodistas un alto funcionario del Gobierno estadounidense bajo anonimato.
“Aún esperamos que Maduro cambie de opinión, pero si sigue adelante con ello, será inaceptable“
Trump ya había advertido la semana pasada de que, si Maduro continúa adelante con sus planes para conformar una Asamblea Constituyente, respondería con acciones económicas "fuertes" contra el Gobierno venezolano, una amenaza que sigue en pie. "Aún esperamos que Maduro cambie de opinión, pero si sigue adelante con ello, será inaceptable, y pueden esperar sanciones económicas inmediatas y fuertes", ha señalado la misma fuente.
Washington teme que la Asamblea Nacional Constituyente ponga en riesgo el sistema democrático venezolano, según ese alto funcionario: "Vemos la fecha del 30 de julio como una línea crítica que, si se cruza, podría suponer el fin de la democracia en Venezuela", ha recalcado. El comunicado del Departamento del Tesoro incide en la misma idea: "Tal como señaló claramente el presidente Trump, Estados Unidos no permanecerá sin hacer nada ante los intentos del régimen de Maduro para minar la democracia, la libertad y el Estado de derecho".
Las sanciones estadounidenses coinciden con el inicio de una huelga de 48 horas convocada por la oposición venezolana con el objetivo de frenar la celebración de las elecciones constituyentes, que se ha iniciado con calles cortadas y manifestaciones en varias ciudades del país.
España convoca al embajador venezolano
En Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, para exigirle que el Gobierno de Nicolás Maduro ponga fin a la violencia en el país sudamericano y promueva "un gran acuerdo nacional" con la oposición, según ha informado el ministro, Alfonso Dastis, durante una visita a Mali.
El secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Fernando García Casas, ha sido el encargado de recibir a Isea en la sede ministerial, después de que la Unión Europea instara al Ejecutivo de Caracas a respetar la actual Constitución del país, advirtiendo sobre los riesgos de un enfrentamiento social.
"Para la sociedad venezolana la convocatoria de una Asamblea Constituyente es una medida controvertida, por ello se corre el riesgo de que polarice más al país y aumente el peligro de confrontación", indicaba en un comunicado la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, quien ha vuelto a pedir que Gobierno y oposición retomen el diálogo
La crisis venezolana está llevando a un progresivo aislamiento internacional también en el ámbito económico, que se refleja en decisiones como la que este miércoles ha adoptado la aerolínea colombiana Avianca, que ha anunciado que a partir del 16 de agosto dejará de volar a Venezuela debido a las dificultades operacionales que tiene en ese país.
"Avianca dejará de operar las rutas Bogotá-Caracas-Bogotá (dos vuelos diarios) y Lima-Caracas-Lima (un vuelo diario) a partir del miércoles 16 de agosto de 2017, fecha en la cual se efectuarán los últimos vuelos de itinerario entre estas ciudades", explica la empresa en un comunicado, en el que argumenta que la decisión se ha tomado tras una reunión celebrada en Bogotá con las autoridades aeronáuticas colombianas y señala que ya ha sido notificada al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela.