La madre maltratada de Granada, en paradero desconocido tras no haber entregado a los niños a su padre

• La juez le ordenó devolverlos al padre, al que denunció por maltrato en 2016
• Ha pasado el plazo sin que se presentara en el punto de recogida
• El abogado del padre estudia acciones penales si el asunto no se resuelve

La madre maltratada de Granada no entrega los niños a su padre y está en paradero desconocido

Juana Rivas, la mujer de Maracena (Granada) que debía entregar este miércoles a sus dos hijos al padre por orden de un juzgado, no se ha presentado en el punto de recogida y su abogada, María Castillo, ha asegurado en rueda de prensa que desconoce su paradero y cuál será su actuación a partir de ahora.

Rivas tenía que entregar a sus dos hijos de once y tres años al padre, condenado en 2009 por maltratarla y la mujer le había denunciado de nuevo el año pasado. Los niños tenían que regresar por orden de la juez con su progenitor a Italia, donde tienen fijada su "residencia habitual".

Pasadas las 16:30 horas, plazo establecido para la entrega de los menores en el Punto de Encuentro Familiar de Granada capital, la letrada ha admitido en declaraciones a los periodistas que Rivas habría incumplido por tanto el requerimiento judicial, si bien ha insistido en que desconoce la posible "causa mayor".

La abogada dice desconocer dónde se encuentra la madre, si ha abandonado o no el municipio de Maracena con los niños o cuáles son sus intenciones, puesto que de hecho no ha tenido contacto con ella ni con nadie de su familia durante toda la jornada.

La defensa del padre estudia acciones penales

El abogado que representa a la expareja de Juana Rivas, Adolfo Alonso, ha señalado que el incumplimiento por parte de ésta de la entrega de los hijos que ambos tienen en común al padre como ordenaba el juzgado les coloca en una "posición extraordinariamente difícil" desde el punto de vista legal y, aunque aún se están perfilando los pasos a seguir, estudia la posibilidad de emprender acciones penales si en las próximas horas no se resuelve el asunto.

Alonso ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que su cliente desconoce dónde están los niños y su madre en este momento y ha confirmado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están cumpliendo con lo ordenado por la jueza, que les pidió auxilio para que en caso de que Juana Rivas "obstaculizara" la restitución de los menores "adoptaran las medidas administrativas precisas" actuando no solo en la residencia de los menores en Maracena, sino en aquellos lugares donde puedan encontrarse.

La defensa del padre de los menores ha lamentado la "instrumentalización" de este procedimiento al afirmar que se trata de un secuestro interparental y no de un caso de violencia de género.

También ha querido aclarar que Juana Rivas "no va a perder a sus hijos" ni se le va a impedir el contacto con ellos, pero ha matizado que el asunto debió dirimirse desde un principio "donde corresponde", la justicia italiana, dado que es en este país donde los niños tienen fijada su "residencia habitual" y que allí la madre podría solicitar la custodia sin que los niños vayan a sufrir un daño o quedar "desprotegidos" por regresar a aquel país.

Finaliza el plazo para que Juana Rivas, una madre de Granada, entregue a sus dos hijos al padre, condenado por maltrato en 2009

El padre denunció la sustracción de los niños

Mientras, la abogada de Juana Rivas, María Castillo, anunció que presentará un escrito para lograr la suspensión de la ejecución de la orden judicial y que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional, al que solicitarán amparo.

El padre de los menores, desplazado desde Italia esta tarde hasta el punto en el que debían entregarle a sus hijos y que denunció la sustracción de los niños, lo ha abandonado sobre las 16:50 horas, veinte minutos después de la hora fijada al no haberse presentado allí la madre.

En una rueda de prensa el martes, visiblemente afectada y entre lágrimas, Juana Rivas afirmaba a los medios que no iba a entregar a sus hijos, que "no puede hacerlo", aunque sus asesores afirman que su intención no "es vulnerar ninguna ley" y que "agotarán todas las posibilidades" que permite la normativa porque no se trata de una "transacción de mercancía" sino de dos menores a los que se puede producir "un daño irreparable".