La Junta de Andalucía ofrece personarse en la causa de Juana Rivas
- La mujer y sus hijos están en paradero desconocido desde el miércoles
- Ese día, debía entregar a los hijos al padre, que reside en Italia
- La asesora de Rivas califica a la administración de "incompetente"
- El abogado del padre habla de "dos secuestros" y anuncia acciones legales
La Junta de Andalucía ha ofrecido a Juana Rivas personarse junto a ella en la causa judicial para solicitar medidas cautelares y usar los datos que tiene de la atención a uno de sus hijos desde enero. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha anunciado en Twitter que proporcionarán asistencia jurídica a Rivas para poner fin al régimen de visitas de los hijos. El objetivo, según Díaz, es evitar que los niños sigan sufriendo una "tensión psicológica que les afecte a su normal desarrollo".
Por otro lado, el abogado Adolfo Alonso, que representa a la expareja de Juana Rivas, sostiene que en este caso se han producido ya "dos secuestros" de los menores después de que el miércoles esta madre maltratada de Maracena (Granada) incumpliera la orden judicial de entregar a los niños a su progenitor para que regresaran con él a Italia. Alonso ha anunciado acciones legales "porque esto debe terminar", ante el "enorme daño" que se está provocando a los pequeños.
Por su parte, la asesora de Rivas en Granada, Francisca Granados, ha reconocido que la madre se está "jugando cosas muy duras" ante una administración "incompetente" para defenderla como víctima de violencia de género. El padre fue condenado en 2009 por maltratar a Rivas, y ella le volvió a denunciar en julio de 2016.
Alonso ha señalado a Europa Press que se va a limitar a trabajar "en los juzgados", desde "el respeto a los tribunales y sin entrar en cuestiones manipuladas de género ni de violencia contra la mujer", todo ello mientras Juana Rivas sigue sin desvelar su paradero y el de sus hijos, que no han sido localizados por la Guardia Civil en los domicilios particulares que guardaban alguna relación con ella.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada "mantiene vigente" el auxilio realizado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que busquen a los menores tanto en Maracena como en aquellos lugares donde puedan encontrarse, después de que se le comunicara que Juana Rivas no había comparecido con ellos en el Punto de Encuentro Familiar de Granada donde debían ser recogidos por su progenitor.
Así, la juez no prevé adoptar nuevas acciones en este sentido tras el incumplimiento del mandato judicial y la Fiscalía tampoco lo ha hecho hasta este mediodía, según han precisado desde el Ministerio Público. El proceso está tramitado por la vía civil y no conlleva una orden de búsqueda y captura, que sí podría producirse en caso de que el asunto se llevara al ámbito de lo penal.
Juana Rivas denunció a su marido por violencia de género en 2016
Aunque tras la sentencia de 2009 la pareja retomó la relación en Italia y tuvieron un segundo hijo, ella decidió poner fin a la vida en común con él y volvió a denunciarlo en julio de 2016 por violencia machista tras abandonar Italia con sus hijos, donde residían los cuatro, si bien esta denuncia aún está pendiente de ser tramitada.
La asesora de Rivas, Francisca Granados, ha reconocido que deberá ser un juez el que determine en última instancia la custodia de los niños, pero ha reiterado que se trata de un caso de violencia grave y ha lamentado el "desconocimiento" por parte de algunos miembros de la judicatura que habrían obviado que los menores también son legalmente reconocidos como víctimas.
Alonso dice que se han producido dos secuestros
Aunque el letrado Adolfo Alonso ha descartado precisar a los medios de comunicación qué acciones concretas va a tomar, afirma que la "realidad" es que se ha producido "un segundo secuestro". Así, el primero correspondería al momento en que Juana Rivas se llevó a los niños de Italia y, el segundo, a que no apareciese el miércoles en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, tal y como había ordenado el Juzgado.
Alonso alude a la posibilidad de que la postura adoptada por la madre forme parte de una "estrategia para ganar tiempo" mientras se presiona a los tribunales para intentar reconducir lo que considera un caso de "secuestro" interparental a otro de violencia de género pese a que, según ha incidido en los últimos días, la sentencia de 2009 del Juzgado de lo Penal 2 de Granada que condenó a su cliente por un delito de lesiones en el ámbito familiar se produjo después de que "él se conformara con la pena porque no se le estaba dejando ver a un hijo".
En posteriores declaraciones al programa Espejo Público, recogidas por Europa Press, el letrado ha defendido que "el que está siendo objeto de violencia psicológica" es su cliente, porque se "le ha separado de sus hijos" y "lleva un año sin verlos ni poder hablar con ellos" sin que haya "absolutamente nada, ningún dato, que diga que el padre es perjudicial" para esos niños sino que "es la palabra de ella frente a la de él".
Ha incidido en este sentido en que son "dos sentencias y cuatro jueces españoles los que han valorado la demanda" que se puso a través de la Abogacía del Estado a raíz de que Juana se llevara a sus hijos de Italia y ha vuelto a recordar que en este caso no se está dirimiendo "la custodia", lo cual deberá hacerse en los tribunales italianos, que es "donde corresponde".