Más de 1.400 denuncias del Seprona en una operación internacional contra el vertido y el tráfico de residuos

• Se detecta un "enorme volumen de residuos" procedente de Gibraltar y Malta
• España recibe residuos, sobre todo de países de la Unión Europea

Un camión con residuos en una imagen de la Guardia Civil en el marco de la Operación Tyson.

La Guardia Civil ha formulado 1.477 denuncias y 4.020 inspecciones en medios de transporte, centros de tratamiento y producción de residuos y vertederos en el marco de la Operación Tyson, desarrollada en 43 países en contra del vertido y tráfico ilícito de residuos.

En total, más de 1,5 millones de toneladas de vertidos ilegales han sido descubiertas en esta operación mundial del 1 al 30 de junio que, en el caso de España, fue desarrollada por un millar de agentes y coordinada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

En concreto, según detalla la Guardia Civil, el Seprona realizó 1.090 inspecciones a medios de transporte, 526 en centros de tratamiento, 318 en centros de producción de residuos y 473 a vertederos, entre otras.

Con ellas se detectaron múltiples infracciones que han dado lugar a 1.477 denuncias administrativas, así como al esclarecimiento de cinco delitos, en tanto que otros doce se están investigando actualmente.

Un negocio para redes criminales en Malta y Gibraltar

A los investigadores, según han comentado a Efe fuentes del Seprona, les ha llamado la atención el "enorme volumen de residuos" que de forma ilegal entran en España desde localizaciones muy pequeñas como Malta y Gibraltar, que por su tamaño es prácticamente imposible que produzcan tantos.

Por tanto, a esos territorios llegan residuos procedentes de otros países y desde allí son "importados" a España, que no solo recibe, sino que también exporta, ya que este tráfico ilegal se ha convertido en un importante negocio para las redes criminales.

Todos los países, tal y como establecen los convenios internacionales, tienen la obligación de gestionar sus propios residuos, por lo que "no tiene sentido" que, por ejemplo, a España lleguen desde Alemania, Francia o Estados Unidos, estados muy desarrollados. Pero se hace así, según señala la Guardia Civil, para deshacerse de ellos de forma más barata.

Italia, Grecia, Portugal, Andorra, Israel, Emiratos Árabes, Omán Argentina, Uruguay, Colombia u Honduras son otros países que exportan sus residuos a España de forma ilícita.

Las fuentes del Seprona destacan el crecimiento que está experimentando el delito medioambiental, sobre todo el tráfico de especies y de residuos. Tanto es así, que la Unión Europea ya los ha situado al mismo nivel que el narcotráfico o el terrorismo y se ha puesto como prioridad combatirlos.

Durante la operación, se ha actuado sobre las actividades ilegales vinculadas a los traslados transfronterizos de residuos, los vertidos ilícitos, las actividades no controladas en vertederos, las operaciones irregulares de reciclaje y el mercado ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono.

Residuos de construcción, aparatos elétricos y residuos de vehículos

En concreto, en el transcurso de la operación en España se han detectado infracciones por residuos de construcción y demolición, de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos viejos, residuos urbanos, metálicos, lodos y neumáticos fuera de uso.

Así, se detectaron dos buques que transportaban 6.600 toneladas de residuos metálicos y, en cuya descarga en puertos españoles, se estaban efectuando vertidos al mar sin ninguna medida de seguridad.

También se localizó otro buque con plásticos triturados procedentes de Dakar (Senegal) sin la correspondiente autorización, mientras que en un establecimiento se hallaron 136.000 litros de aceites vegetales usados y 32.000 litros de aguas residuales de dichos aceites sin el control pertinente.

Se investigó asimismo a una empresa por actuaciones fraudulentas reiteradas durante al menos 6 años en la gestión de residuos y se detuvo a 3 personas como presuntos autores de varios delitos de traslado transfronterizo ilícito de residuos procedentes de Gibraltar y con destino a la localidad gaditana de Medina Sidonia.

Todos los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de 6 meses a 5 años y, sin perjuicio de las acciones penales o administrativas, los infractores deberán reparar el daño medioambiental causado, lo cual eleva la cuantía de las multas, dado que la afección de este tipo de acciones repercute de manera directa sobre la sostenibilidad del medio ambiente.