Gobierno y sindicatos crearán un grupo de trabajo para abordar de forma global la seguridad privada

• CC.OO. y UGT lo han solicitado a raíz del conflicto en el aeropuerto de El Prat
• El Gobierno recoge el guante y asegura que se formará "en los próximos días"

Trabajadores de Eulen protestan en la T2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat

El Gobierno y los sindicatos formarán un grupo de trabajo para abordar de forma global y para todo el ámbito nacional la situación de la seguridad privada, que en los últimos años ha asumido la vigilancia de aeropuertos y otras infraestructuras sensibles a través de subcontratas, tal como ha puesto de manifiesto el conflicto de los trabajadores de Eulen que se encargan de los controles de El Prat, con una huelga indefinida en pleno mes de agosto que ha puesto el foco en la precarización del sector.

La propuesta ha partido de CC.OO. y UGT, que este miércoles han pedido que se aborde la situación de una forma global entre patronal y sindicatos en todo el país. Después, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que al Ejecutivo "le parece bien", por lo que trasladará a los sindicatos "de forma inmediata nuestra voluntad de sentarnos en unos días para constituir ese grupo de trabajo que acelere el establecimiento de un marco global, de carácter general y ámbito nacional para el avance en este tipo de cuestiones".

El ministro, que comparecía tras el Consejo de Ministros extraordinarios que se ha celebrado este miércoles para aprobar el arbitraje obligatorio en El Prat, ha señalado que ese grupo de trabajo no sustituirá a la mesa sectorial, si bien considera que "contribuirá a establecer un marco con carácter general al que tendrán que acogerse las distintas áreas que conforman el sector de la seguridad privada", más allá de las infraestructuras aeroportuarias.

"La situación no es homogénea", ha recalcado De la Serna, que ha explicado que se trata de "evitar que se puedan crear situaciones diferenciadas; lo lógico, lo razonable es que exista un marco general a través de la negociación colectiva".

Un marco global

La respuesta del Gobierno se produce unas horas después de que Comisiones Obreras advirtiera de que el conflicto del El Prat se extenderá de manera "imparable" si no hay un pacto global y un convenio estatal de recuperación de derechos sociales y económicos del sector.

El sindicato ha señalado, en un comunicado, que el problema en los aeropuertos se ampliará ante los diferentes incumplimientos y realidades que se viven en cada centro de trabajo, siendo el consenso entre las partes el único medio de atajar el conflicto.

Además, ha alertado sobre la propagación del problema a otros centros, en muchas ocasiones dependientes de la Administración, que nada tienen que ver con las instalaciones aeroportuarias, pero donde también se viven situaciones cada vez más al límite, como por ejemplo en las estaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

En su opinión, la continua precarización del sector ha llevado a que la situación pase a ser "prácticamente insostenible", por lo que la Administración y patronales sectoriales deben entender que "no se pueden comprimir más los costes, sobre todo reduciendo condiciones sociales y económicas de los trabajadores".

Patronales y Administraciones públicas "deben asumir los costes reales del sector, deben dignificar los procesos de contratación pública y sentarse con la parte social a pactar medidas concretas para los problemas concretos", ha reclamado.

UGT pide la creación de un grupo de trabajo

ANtes, la Unión General de Trabajadores (UGT) ya había reclamado al Gobierno la constitución de un grupo de trabajo, con sindicatos y patronales, que aborde "de forma integral" la situación de la seguridad privada, especialmente sobre las condiciones de trabajo, formación o salarios, en los servicios esenciales e infraestructuras críticas.

Asimismo, UGT considera necesario que la nueva ley de Contratos del Estado "incluya la obligatoriedad de que los contratos de las Administraciones públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medio ambiental como criterios para la selección del contratista".

En su opinión, la introducción de cláusulas de contenido social en los contratos que realizan las Administraciones públicas es "esencial", para evitar que el precio siga siendo el único valor a tener en cuenta en la adjudicación y que "está en la raíz de la precarización de las condiciones de trabajo y la explotación laboral".

UGT ha recordado que las movilizaciones se hacen al amparo de la ley y para salir de la explotación laboral, "provocada" por el Gobierno a través de la reforma laboral y mediante "una irresponsable política de subcontratación de servicios regida exclusivamente por la rebaja de costes".

El Gobierno "tiene que acabar con la práctica extendida, especialmente de las empresas multiservicios, de trasladar a las condiciones de los trabajadores las rebajas temerarias que realizan en los concursos de las Administraciones públicas para conseguir las adjudicaciones", ha insistido la organización en su nota.