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Crisis en Venezuela

La Asamblea Constituyente de Maduro se atribuye por decreto las competencias del Parlamento

  • La nueva cámara se arroga el poder legislativo de la Asamblea Nacional
  • La única institución en manos de la oposición pierde así sus atribuciones
  • La Asamblea Nacional no queda disuelta, pero sus actos se consderarán nulos
  • "No, señor, los vagos tienen que trabajar", dice la presidenta de la Constituyente
  • La oposición dice que no acata su "disolución" y convoca una sesión el sábado
  • Doce países condenan la decisión de la ANC

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La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez
La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, la cámara con plenos poderes impulsada por el presidente Nicolás Maduro para reformar la Constitución, ha aprobado este viernes por unanimidad un decreto por el que se arroga las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, la cámara única del Parlamento venezolano, en la que la oposición tiene mayoría.

La decisión se produce después de que la mesa del Parlamento rechazase acudir a una reunión convocada por la Constituyente, un órgano que los opositores consideran ilegítimo y que sirve a los intereses del chavismo para perpetuarse en el poder. "La Asamblea Nacional tendrá primero que salir del desacato, reconocer a la ANC para que comience a trabajar", ha declarado a las puertas del Palacio Federal Legislativo el diputado constituyente Diosdado Cabello, uno de los princiaples dirigentes chavistas.

El Gobierno de Maduro ya intentó despojar de sus atribuciones a la Asamblea Nacional, elegida en las elecciones de 2015, el pasado mes de abril, instigando una sentencia del Tribunal Supremo que arrebataba al Parlamento su capacidad legislativa al considerar a la cámara "en desacato", aunque la medida fue revocada posteriormente.

Ahora, tras la formación de la Asamblea Constituyente -integrada únicamente por diputados chavistas-, este decreto supone dejar sin atribuciones a la única institución que no estaba controlada por afines al Gobierno de Maduro, después de que la fiscal general Luisa Ortega, que se había opuesto al proceso constituyente, fuera descabalgada de su cargo.

La Asamblea Constituyente ratifica a Maduro como presidente de Venezuela

Aplausos de los diputados constituyentes

El decreto aprobado este viernes establece que la Asamblea Constituyente asume "las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos".

También "para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución", señala el texto, que basa la decisión en los plenos poderes concedidos a la Asamblea Constituyente.

La presidenta de la nueva cámara, Delcy Rodríguez, ha subrayado que esto no implica la disolución del Parlamento, sino que este seguirá funcionando, aunque no mantenga prácticamente ninguna de sus competencias y que todos sus actos sean considerados nulos: "No, señor, los vagos tienen que trabajar. Señores, trabajen y trabajen apegados a la Constitución", ha señalado.

En este sentido, Cabello afirma que el Parlamento puede reunirse "las veces que quiera" y "con quien ellos quieran". Los más de 500 diputados constituyentes han celebrado entre aplausos la aprobación del decreto, que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y comunicada a la dirección de la Asamblea Nacional.

La Mesa de la Unidad Democrática, la coalición que agrupa a la oposición de Venezuela, concurrirá a las elecciones regionales el próximo mes de diciembre. Los grupos de esta coalición discrepaban sobre si participar o no como forma de protesta por la actual situación en el país. Finalmente han decidido esta "preinscripción" de candidaturas para obligar a la convocatoria de esos comicios. El Poder Electoral, controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, ha prohibido que la oposición presente sus listas en 7 de los 23 estados.

La Asamblea Nacional afirma que no acata la decisión

Esta, por su parte, ha rechazado lo que considera una "disolución" y ha convocado a los diputados y al "pueblo" a una sesión para este sábado, al tiempo que volvía a cargar contra la Constituyente.

"La directiva AN y diputados de la Unidad no reconocemos ni acatamos disolución que pretende imponer Maduro a través de fraudulenta ANC", ha indicado el presidente de la cámara, Julio Borges, en un mensaje en Twitter.

La Asamblea Nacional Constituyente es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales

"El golpe de Estado perpetrado por la ANC es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra AN y Constitución [...]. La ANC es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales. Decisión de anulación no será acatada por AN, comunidad internacional o pueblo", ha añadido.

Borges había publicado este viernes una carta abierta, en nombre de los diputados, en la que se denunciaba que la nueva cámara "no es una auténtica Asamblea Constituyente", sino "un poder de facto" que "pretende perpetuar" a Maduro en el poder, que ha sido "avalada por 2 millones de personas" nada más, y no por los ocho millones que, según al Poder Electoral, votaron a sus miembros el 30 de julio.

Doce países condenan la decisión de la ANC

Doce gobiernos americanos han expresado este viernes en un comunicado conjunto su "enérgica condena" ante la decisión de la Asamblea Constituyente de Venezuela de disolver la Asamblea Nacional.

Se trata de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, que se hacen llamar el Grupo de Lima, tras la declaración suscrita por sus cancilleres hace diez días en la capital peruana para denunciar una "dictadura" y "quiebre democrático" en Venezuela.

El autodenominado Grupo de Lima ha considerado en su comunicado que la disolución del Parlamento venezolano por parte de la Asamblea Constituyente, promovida por el Gobierno de Nicolás Maduro, "ratifica la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela".