El Gobierno propone como árbitro para El Prat a Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social

• La dirección de Eulen ya ha dicho que acepta la designación de Peña
• Fomento recuerda que las partes tienen 24 horas para realizar alegaciones

Colas en los controles de seguridad de la terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat el pasado 26 de julio.

El Gobierno ha propuesto a Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), como árbitro en el procedimiento de laudo obligatorio entre los trabajadores de los controles de seguridad de pasajeros del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y la empresa Eulen para solucionar la huelga indefinida convocada por los empleados.

Las partes tienen un plazo de 24 horas para realizar las alegaciones que estimen oportunas a esta propuesta, según ha señalado este viernes el Ministerio de Fomento en un comunicado.

No obstante, la dirección de Eulen ya ha asegurado que respeta y acepta la designación efectuada por el Gobierno. Fuentes de la dirección de la compañía han explicado a Europa Press que se ponen "a su entera disposición" y han recordado que desde el primer momento manifestaron que acatarían el árbitro que propusiera el Gobierno.

El Ejecutivo impuso el arbitraje

Transcurridas 24 horas desde la notificación del acuerdo -que tuvo lugar este jueves alrededor de las 11:00 horas- sin que las partes hubieran consensuado la designación de un árbitro, le correspondía al Gobierno la propuesta de nombramiento.

El árbitro que finalmente sea elegido dictará su decisión, que habrá de resolver en equidad cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo de la huelga, previa audiencia de las partes, en diez días a contar desde la fecha de su designación.

La puesta en marcha del arbitraje obligatorio como solución al conflicto fue acordado por el Consejo de Ministros el pasado miércoles 16 de agosto en una reunión extraordinaria. El Gobierno recurrió a esta medida, tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat.