Anulada la multa de 22,6 millones a Repsol impuesta por Competencia por pactar precios en gasolineras

• La Audiencia Nacional lo ha hecho por un defecto de forma de la sanción
• El fallo no discute si las conductas imputadas eran o no anticompetitivas

Sede de la petrolera Repsol en Madrid.

La Audiencia Nacional ha anulado la multa de 22,6 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Repsol por coordinar precios o descuentos con cuatro empresas del sector situadas en Madrid, Murcia y Lugo en los ejercicios 2012 y 2013. El motivo, un defecto de forma de la sanción ya que -según el fallo- Repsol no pudo realizar estas prácticas: en todo caso sería su filial.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto por la compañía petrolera al ser su filial, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, de la que posee el 99,78%,  la responsable última de las "prácticas colusorias", esto es, de las supuestas irregularidades en la política de precios achacadas por el organismo.

Al respecto, los magistrados convienen en que Repsol "no realiza actividades en el mercado de distribución de combustibles de carburantes a través de estaciones de servicio", tal como menciona la multinacional en su escrito, en el que añade que "en ninguna parte del expediente administrativo" previo a la sanción la matriz fue advertida de su posible imputación.

Una medida que la petrolera discutía en su demanda, recogida en la sentencia, al considerar que de haberse producido dicha coordinación Repsol solo podría haber sido declarada responsable solidaria junto a la sociedad filial y no autora de los actos de ésta, como expone la resolución de la CNMC.

Con todo, el fallo, del que ha sido ponente la juez Berta Santillán,  no discute si las conductas imputadas eran o no anticompetitivas.

Los hechos se remontan a julio de 2015, cuando el organismo sancionó con 22,6 millones de euros a Repsol; con 113.801 euros a Lence Torres y Complejo San Cristóbal; con 28.074 euros a Estación de Servicio Lorqui, y con 148.763 euros a Cerro de la Cabaña. El expediente entonces resuelto tuvo origen en una investigación iniciada en mayo de 2013 a raíz de los informes publicados por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE).