Junts pel Sí y la CUP aprobarán antes del 1-O la ley que regulará la "desconexión" de Cataluña si gana el 'sí'
- JxSí y la CUP han presentado la ley que prevén aprobar antes del referéndum
- Regularía el período entre el referéndum y las elecciones constituyentes
- El Gobierno advierte: la ley de transitoriedad "nunca entrará en vigor"
Junts pel Sí y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) aprobarán antes del próximo 1 de octubre la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la principal de las "leyes de desconexión", prevista para regular el período entre la celebración del referéndum y la celebración de unas elecciones constituyentes, en caso de que gane el 'sí' en la consulta anunciada por la Generalitat para el próximo 1 de octubre.
Según han explicado Lluís Corominas, de Junts pel Sí y Benet Salellas, de la CUP, en una rueda de prensa en el Parlament, la ley pretende dar la cobertura y el marco jurídico del periodo inmediatamente posterior a esa eventual victoria del 'sí', por lo que entraría en vigor entre el 2 de octubre y unas elecciones constituyentes, tras las cuales se aprobaría una "constitución catalana".
Así, JxSí y la CUP buscan dar con esta ley "la seguridad jurídica" que quieren que haya en todo momento en este proceso y la "transparencia", cuando faltan 35 días para votar y de manera que el ciudadano conozca "con un periodo suficientemente largo de tiempo" las consecuencias de su voto, sea 'sí' o 'no'", ha afirmado el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas.
Los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP han informado de la presentación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la república, en una rueda de prensa conjunta, antes de presentar con más detalle el texto de la normativa cuya aprobación está prevista antes de que se celebre el referéndum, según han asegurado.
Una ley que solo entrará en vigor si gana el 'sí'
La ley, que consta de 89 artículos y tres disposiciones finales, es extensa y detallada, según han asegurado y cuenta con una disposición adicional suspensiva que la dejaría sin aplicación en caso de vencer el no el 1 de octubre. Por tanto, se aprobará antes de ese día pero solo entrará en vigor en caso de victoria independentista.
Ninguno de los dos comparecientes quiso explicar ante las cámaras ningún detalle de la tramitación de esa ley ni tampoco confirmaron si la norma que regula el referéndum del 1 de octubre se aprobará en uno de los primeros plenos de septiembre, antes de la Diada, ni con qué fórmula legislativa.
Salellas ha dejado claro que con esta ley pretenden también "dinamitar" cualquier intento de abrir posibles debates tras el sí a la independencia, ya que "el escenario está fijado y es absolutamente vinculado" y los responsables de la Generalitat tendrán que atenerse al contenido de esa norma y guiarse por ella hasta la celebración de las elecciones constituyentes.
La ley es también, según Salellas, una apelación "al conjunto del país para que vaya a votar" conociendo las consecuencias concretas que tendría el respaldo a la independencia: desarrollar un proceso constituyente para "reformular lo que ha de ser la república catalana".
"No habrá ninguna vacilación", ha señalado, la ley pone fin al proceso soberanista para dejar encarrillada la reformulación de esa república, y si los ciudadanos la respaldan "estamos preparados, sabemos qué y cómo lo haremos".
Tras la presentación de la normativa, el Gobierno ha advertido de que la ley de transitoriedad que quieren impulsar los independentistas catalanes para dar un marco legal a la desconexión "nunca entrará en vigor".
La ley de transitoriedad prevé amnistiar a condenados por el proceso soberanista
El proyecto de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República prevé amnistiar a los condenados o investigados por el proceso soberanista, además de que el presidente de la Generalitat sea el jefe de Estado, y permitiría a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad española.
Según la norma, que ha sido explicada este lunes ante los medios, el título V sobre "Poder Judicial y Administración de la Justicia" afirma: "los jueces y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".
Por otro lado, la ley señala que Cataluña "se constituye en una República de Derecho, democrática y social", cuya "soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña", y cuyo "jefe de Estado" será el presidente de la Generalitat, según dicha ley.
También se explicita que la atribución de la nacionalidad catalana "no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra", además de que "el Govern promoverá, en el tiempo más breve posible, negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad".
La norma, con 89 artículos, establece otros aspectos como que las normas de la UE se continuarán aplicando en Cataluña; que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertirá en Tribunal Supremo de Cataluña; o que el Consejo de Garantías Estatutarias pasará a ser Consejo de Garantías Democráticas y sería vinculante.