La ONU confirma crímenes de lesa humanidad en Burundi

• Denuncia ejecuciones, torturas y violaciones
• El anuncio de Pierre Nkurunziza de que se volvía a presentar a la presidencia desató la violencia

Fatsah Ouguergouz, presidente de la Comisión de la ONU sobre los crímenes en Burundi, en Ginebra (Suiza)

Una comisión investigadora de la ONU ha confirmado que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Burundi desde abril de 2015 y ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra lo más pronto posible una investigación.

La información recabada por la comisión de la ONU permite "confirmar la persistencia de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, y violencia sexual" desde esa fecha, según el contenido del informe recogido por Efe. Las víctimas fueron sobre todo opositores o personas percibidas como tales por las fuerzas de seguridad.

La violencia estalló tras el anuncio del presidente Pierre Nkurunziza, el 25 de abril de 2015, de que se presentaría para optar a un tercer mandato presidencial consecutivo.

Burundi se sumió en los años 90 en una guerra civil tras la rebelión hutu contra la minoría tutsi que controlaba completamente el Ejército. Al término de esos 12 años de contienda que causaron unos 300.000 muertos, las partes acordaron un estricto reparto de miembros y cargos de las Fuerzas Armadas del 50% para hutus y 50% para tutsis, un equilibrio que ha mantenido al país al margen de tensiones étnicas que han continuado en algunos de sus vecinos.

Ejército, Policía y servicio de inteligencia, responsables

El informe establece que la mayoría de las graves violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por "miembros del servicio nacional de inteligencia, la Policía y el Ejército".

Igualmente responsable se considera a la liga de juventudes del partido de Nkurunziza, conocidos comúnmente como los Imbonerakure.

A los grupos armados opositores, el informe también les responsabiliza de ciertas abusos de los derechos humanos, pero en un grado muy inferior con respecto a los que se identifican en el caso de las fuerzas gubernamentales y el aparato estatal.

La comisión de la ONU, dirigida por el jurista argelino Fatsah Ouguergouz, no recibió ningún tipo de cooperación del Gobierno de Burundi para efectuar su trabajo y se le negó la entrada al país. Por esa razón, los comisionados viajaron a Uganda, República Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania para reunirse con refugiados burundeses, además de varios contactos que establecieron a distancia, lo que les permitió entrevistar a más de 500 víctimas y testigos de atrocidades, además de a otras fuentes.

La identidad de los implicados se mantiene en reserva por respeto al principio de presunción de inocencia, aunque se encuentran entre los más altos rangos de las instituciones del Estado, y llegan hasta el presidente.

"Las grandes decisiones, incluidas aquellas que desencadenan graves violaciones de los derechos humanos, no son tomadas por el gobierno, sino por el presidente de la República, rodeado de un círculo restringido de generales", asegura el informe.