La líder birmana Suu Kyi denuncia un "iceberg de desinformación" sobre la crisis de los rohinyás

• Suu Kyi no menciona a los refugiados en sus primeras declaraciones públicas
• 414 personas han muerto hasta el momento en la ola de violencia
• Denuncian la colocación de minas en la frontera

Refugiados rohinyás entran en Bangladés el 3 de septiembre de 2017

La líder de facto del Gobierno de Myanmar (la antigua Birmania) y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha culpado a los "terroristas" de crear un "iceberg de desinformación" sobre la ola de violencia que atraviesa su país. En sus primeras declaraciones públicas desde el comienzo de los enfrentamientos en el estado de Rakáin (en la costa suroeste del país), Suu Kyi no se ha referido a los más de 120.000 musulmanes rohinyás que han huido a Bangladés.

Suu Kyi ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, después de que el vice primer ministro turco publicara en Twitter unas imágenes de violencia falsamente atribuidas a Birmania. "[Suu Kyi] Ha afirmado que el tipo de información falsa que recibió el vice primer ministro es simplemente la punta del gran iceberg de desinformación calculada para crear problemas entre diferentes países y con el objetivo de promover el interés de los terroristas", ha explicado la oficina de prensa de Suu Kyi en un comunicado.

La también ministra de Exteriores ha asegurado que su gobierno "ya está defendiendo a toda la gente de Rakáin de la mejor manera posible".

Suu Kyi responde por primera vez a las críticas de diversos gobiernos regionales y de la ONU, que han pedido al gobierno birmano que actúe para proteger a la minoría musulmana y frenar su éxodo.

Fotografía de archivo de la Consejera de Estado y líder de facto de Myanmar (Birmania), la previo Nobel de la paz Aung San Suu Kyi AFP PHOTO / ROMEO GACAD

414 muertos

En el estado de Rakáin viven 1,1 millones de musulmanes rohinyás a los que las autoridades birmanas no reconocen como ciudadanos. La reciente ola de violencia se inició el pasado 25 de agosto, cuando un grupo insurgente que dice defender a esta minoría atacó varias comisarías y una base militar con armas blancas y artefactos explosivos caseros. El Ejército inició una ofensiva en el estado, donde también operan grupos armados de civiles budistas.

Al menos 414 personas han muerto en las ultimas dos semanas, según la oficina de información de Suu Kyi: 371 insurgentes, 15 miembros de las fuerzas de seguridad y 28 civiles.

La misma fuente cifra en cerca de 7.000 las casas destruidas durante los combates y en más de 26.500 desplazados internos, sin desglosar la etnia.

Según datos de la ONU, más de 123.000 rohinyás han cruzado la frontera de Bangladés huyendo de la violencia, y varios miles permanecen en tierra de nadie.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha hecho un llamamiento solicitando ayuda de emergencia para Bangladés ante el flujo de refugiados. "Quienes han conseguido llegar a Bangladés se encuentran en malas condiciones. La mayoría han caminado durante días desde sus aldeas, escondiéndose en selvas, cruzando montañas y ríos, cargando con lo que pudieron salvar de sus casas. Están hambrientos, débiles y enfermos", asegura el comunicado.

Denuncian la colocación de minas en la frontera

El Ejército birmano está sembrando su lado de la frontera de minas antipersonas para evitar el regreso de los musulmanes que han huido a Bangladés, según fuentes anónimas del gobierno bangladesí citadas por Reuters. Las mismas fuentes aseguran que el gobierno de Dacca va a presentar este miércoles una protesta formal.

Manzurul Hassan Khan, oficial de la guardia fronteriza bangladesí, ha explicado a Reuters que tanto el lunes como el martes se escucharon explosiones en la zona fronteriza. Un niño fue atendido en Bangladés tras perder una pierna y otro sufrió heridas leves.

El Ejército birmano ha negado haber colocado minas recientemente, aunque sí lo hizo en los años 90.

La frontera entre Birmania y Bangladés está en parte delimitada por el río Naf y en otras zonas se han colocado vallas y alambradas, pero en la mayor parte de sus 217 kilómetros de longitud no hay ninguna separación física.