La Fiscalía ordena a Mossos, Guardia Civil y Policía intervenir las urnas para evitar el referéndum

• Demanda además el cierre de las webs que impulsan la consulta del 1-O
• Apercibe a los medios a que no inserten publicidad o propaganda
• El TSJC admite dos querellas contra el Govern y la Mesa del Parlament

El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero

La Fiscalía General del Estado ha dictado este jueves un oficio en el que ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas que tomen las "medidas necesarias" para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal.

Para ello, deberán intervenir los efectos o instrumentos destinados a tal fin, como urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos o elementos informáticos.

Con ese fin, pide que, si es necesaria, se acuerde la pertinente orden de entrada y registro en domicilios y otros lugares que requieran autorización judicial y también ordena elaborar el correspondiente atestado ante "cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares".

Así lo señala el escrito remitido por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tanto al fiscal superior de Cataluña como a los fiscales jefes provinciales, en cumplimento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió este jueves la ley de referéndum y la convocatoria de la consulta del próximo 1 de octubre.

Cierre de la webs y fianzas contra los querellados

La Fiscalía ha pedido, además, el cierre de las webs garanties.cat y https://connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum207 a través de las que se está impulsando y dando "una apariencia de cobertura legal" al referéndum de independencia y que impongan fianzas si es necesario a Puigdemont y los miembros del Govern para asegurar sus responsabilidades pecuniarias como medida cautelar.

También ha reclamado que se aperciba a los alcaldes para que impidan que se facilite cualquier tipo de recurso o local para el referéndum. Según el Govern, son más de 560 los que han manifestado su intención de colaborar para la celebración de la consulta.

Asimismo, quiere que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el referéndum.

El Ministerio Público solicita esas medidas para evitar la celebración del referéndum, dado que "parece obvio que la progresión de la conducta de los querellados no deja lugar a dudas sobre la verdadera intención de que se celebre un referéndum que tiene por finalidad desmontar todo el orden constitucional".

Dos querellas contra el Govern y la Mesa del Parlament

Por su parte, la Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado este viernes sendas querellas contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, el resto de miembros del Govern, la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron a favor de admitir a trámite la ley del referéndum, por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por las medidas de esta semana encaminadas esta semana para aprobar la ley de referéndum y organizar la consulta del 1 de octubre.

Ambas querellas, que pueden suponer penas de prisión por el delito de malversación de fondos públicos, han sido admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Mesa del Parlament ya estaba siendo investigada por el TSJC desde hace meses por los mismos delitos por una querella previa de la Fiscalía. En el caso del Govern, solo había una querella abierta contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borrás, por la compra de urnas para el referéndum. Ahora el tribunal investigará al resto de miembros del Govern y al presidente Puigdemont.