El TSJC admite a trámite las querellas de la Fiscalía contra el Govern y Forcadell por malversación en el 1-O

• El Ministerio Público les acusa también de desobediencia y prevaricación
• El delito de malversación de fondos públicos puede conllevar penas de prisión

El presidente catalán, Carles Puigdemont, saluda a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite este viernes las dos querellas presentadas por la Fiscalía contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern, y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los otros cuatro miembros de la Mesa de la Cámara autonómica por los delitos de "desobediencia grave cometida por la autoridad pública", prevaricación y malversación por las medidas tomadas esta semana para celebrar el referéndum independentista e intentar crear un Estado catalán.

El delito de malversación de fondos implica penas de prisión. En la querella, se recalca que se ha iniciado un procedimiento que implica un "importante gasto público" y el uso ilegal de fondos públicos. "Impulsar la celebración del referéndum supone consumar el despojo de fondos públicos", sostiene la querella, redactada por el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada.

Los acusados podrían haber llevado a cabo estos delitos, en el caso de la Mesa del Parlament, por tramitar y someter a votación la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica; y en el caso de Puigdemont y sus consejeros, por haber firmado un decreto para celebrar la consulta y por estar dedicando medios públicos a este fin.

La querella contra el Govern va dirigida, por tanto, contra Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxel Borràs, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa i Coll, Santi Vila y Meritxell Serret. La Fiscalía solicita que se reciba "declaración en calidad de investigados" a todos los miembros del Govern.

En este caso, el TSJC ha acordado acumularla al procedimiento ya abierto contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por prevaricación, desobediencia y malversación al apreciar una "voluntad rebelde" para iniciar el proceso de compra de urnas para el referéndum, y que instruye la magistrada Mercedes Armas.

"Plenamente conscientes" de que desobedecían "frontalmente" al TC

En el caso de la nueva querella contra la Mesa del Parlament, la sala de admisiones de la Sala Civil y Penal del TSJC ha decidido que esta querella se acumule a la que ya estaba abierta contra estas cinco personas por permitir en la Cámara autonómica dos votaciones a favor del referéndum y que instruye desde hace meses la magistrada Eugenia Alegret.

En la querella presentada este viernes contra la Mesa del Parlament, la Fiscalía asegura que los querellados eran "plenamente conscientes" de que al tramitar las leyes del referéndum y de transitoriedad estaban desobedeciendo "frontalmente" lo dictaminado por el Constitucional. Y añade que se querella por "su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales".

Los querellados, según el escrito, han demostrado con su actuación una "desvinculación absoluta con los poderes del Estado español a los que niega cualquier tipo de legitimidad", lo que es constitutivo de un delito de desobediencia.

El Parlament catalán, recuerda la Fiscalía, "no puede desconocer que la Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencias para convocar y celebrar un referéndum". Y en cuanto al delito de malversación, que conlleva penas de cárcel, basa su acusación en que "la convocatoria de un referéndum implica un gasto de dinero público", y por tanto cualquier partida que se destine a su financiación es ilegal.

En el caso de la Mesa del Parlament, la Fiscalía pide también tomar declaración como investigados a Forcadell y a los otros cuatro querellados de la Mesa: Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, de Junts pel Si, y Joan Josep Nuet, de Catalunya Si Que Es Pot. Reclama también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro, al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona; al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra, y a su secretario segundo, David Pérez.