Amnistía Internacional denuncia el empleo de minas contra los rohinyás por parte del Ejército birmano

• Habrían provocado ya al menos un muerto y tres heridos
• Estarían colocadas en la frontera entre Birmania y Bangladesh
• Por allí, en las últimas semanas han huido 290.000 personas de esta etnia

Un niño de la etnia musulmana rohinyá protege a su hermana pequeña de la lluvia en Teknaf (Bangladesh).

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado la colocación de minas antipersona en la frontera entre Birmania (Myanmar) y Bangladesh, por donde en las últimas dos semanas han huido al menos 290.000 musulmanes de la etnia rohinyá, según estimaciones de la ONU.

Al menos una persona ha muerto y tres, entre ellos dos niños, han resultado heridas de gravedad por la explosión de esas minas colocadas por el Ejército birmano, acusa AI en un comunicado.

Las minas antipersona, cuya utilización está prohibida por varias convenciones internacionales, han sido desplegadas en un estrecho tramo en el lado birmano de la frontera que separa el estado de Rakhine (oeste de Birmania) con el territorio bangladesí.

"El uso de esta arma indiscriminada y mortal por parte de los militares birmanos, en caminos concurridos alrededor de la frontera, pone en peligro la vida de civiles", denuncia Tirana Hassan, directora de AI para la respuesta de crisis internacionales.

Hassan y su equipo se encuentran en el lado bangladesí, desde donde han documentado con entrevistas con testigos y expertos en seguridad el uso de estas minas. Según esta investigación, varias personas aseguran que han visto a las fuerzas de seguridad birmanas, entre ellos policías fronterizos, colocar las minas en su lado del territorio.

Hasta la fecha, el Ejército birmano ni ha confirmado ni desmentido las informaciones. No obstante, el portavoz de la Oficina de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, líder de facto del gobierno birmano y al cargo de la Consejería de Estado, negó esta semana que los efectivos gubernamentales hayan colocado las minas y acusó a los insurgentes rohinyás, a quienes calificó de "terroristas", de estos trabajos.

290.000 refugiados

La oficina de la ONU en Bangladesh ha elevado a 290.000 los miembros de la minoría musulmana rohinyá llegados al país desde el pasado 25 de agosto y pide 77 millones de dólares para proporcionarles ayuda "urgente".

En un informe publicado este sábado, el Grupo de Coordinación Intersectorial detalló que la mayoría de los nuevos refugiados, unos 143.000, se están alojando en asentamiento temporales y campamentos ya existentes,  mientras que unos 90.000 se encuentran en comunidades de acogida.

Los 56.000 restantes se han instalado en asentamientos "espontáneos" y un número "significativo" de ellos se encuentra en las cunetas de la carretera que une Ukhia con Teknaf, las zonas fronterizas del suroeste del país donde se concentran casi todos los recién llegados.

Queja formal de Bangladesh

El Gobierno de Dacca ha elevado una queja formal ante las autoridades de Naipyidó sobre este asunto. "Las autoridades de Birmania deben dejar de encubrir las negaciones. Las evidencias sugieren que sus propias fuerzas de seguridad están detrás de la colocación de minas terrestres, que son ilegales y están mutilando a los civiles", asegura Hassan.

El éxodo de los rohinyás, a quienes el Gobierno de Birmania no concede la ciudadanía, se intensificó el 25 de agosto tras el asalto armado del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) contra una veintena de posiciones gubernamentales. El Ejército birmano respondió con una operación militar.

Desde el inicio de los enfrentamientos el ARSA y las Fuerzas Armadas se intercambian acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos.

Se estima que más de un millón de rohinyás vivían en Rakhine (antigua Arakán) víctimas de una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012, que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.

Un pueblo apátrida

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, y les considera inmigrantes bengalíes, y les imponen múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.

"Lo que sucede delante de nuestros ojos puede ser descrito como 'limpieza étnica' con los rohinyás como objetivo por su origen étnico y religioso. En términos legales, se trata de crímenes contra la humanidad que incluyen el asesinato y la deportación o traslado forzado de la población", sentencia la activista de AI.