El TSJ de Cataluña ve indicios de desobediencia y prevaricación en la actuación de la Mesa del Parlament

• En cambio, no entra a valorar si existió o no delito de malversación
• Admite a trámite la querella de la Fiscalía por tramitar las 'leyes de desconexión'
• También admite a trámite la querella contra el Govern
• Aprecia delitos de malversación en el caso de Puigdemont y sus consellers

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aprecia indicios de malversación de fondos en la actuación del gobierno catalán

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aprecia indicios de los delitos de desobediencia y prevaricación en la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa, aunque por el momento no entra a pronunciarse sobre el delito de malversación.

En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC justifica así la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía Superior de Cataluña contra la presidenta Carme Forcadell y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron a favor de tramitar la ley del referéndum y la transitoriedad, suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Aunque la Fiscalía achacaba a Forcadell y a los miembros de la Mesa Lluís Ginó, Anna Simó y Ramona Barrufet, todos ellos de Junts Pel Sí (JxSí), y Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), los delitos de "desobediencia grave cometida por autoridad pública", prevaricación y malversación, este último tipificado con penas de prisión, el TSJC ve fundamentados "al menos, los tipos penales desobediencia y de prevaricación", pero no se pronuncia sobre el de malversación.

"Se impone la admisión a trámite de la querella presentada por el Ministerio Fiscal al valorar inicialmente como posible la comisión de un delito de desobediencia y de un delito continuado de prevaricación (...), sin perjuicio de cualesquiera otras calificaciones jurídicas alternativas o concurrentes, al ser las presentes meramente provisionales", argumenta el auto.

El TSJC se declara competente para juzgar a la Mesa

Con estos argumentos, la Sala de lo Penal del TSJC se declara competente para juzgar a Forcadell y a estos cuatro miembros de la Mesa y ordena incoar diligencias previas para investigar los hechos descritos en la querella de la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos "de uno o más delitos" de desobediencia y de un delito continuado de prevaricación.

En consecuencia, el TSJC acuerda acumular esta querella al procedimiento abierto contra la presidenta del Parlament y varios miembros de la Mesa, que instruía la magistrada Maria Eugènia Alegret.

El auto recuerda que los querellados tienen el derecho a interponer recurso de súplica "sin efectos suspensivos" en un plazo de tres días.

La Fiscalía solicitaba en la querella que se tome declaración como investigados a Forcadell y a los otros cuatro querellados, y reclamaba también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro; al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona; al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra; y a su secretario segundo, David Pérez.

Se trata de la tercera querella presentada contra Forcadell por desobedecer reiteradamente las sentencias y las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Por su parte, Carme Forcadell, que ha comparecido en rueda de prensa junto a los tres miembros de la Mesa de Junts pel Sí y el de Catalunya Sí Que Es Pot para valorar el último auto del TSJC, ha criticado el "uso indiscriminado" que hace el Gobierno de los tribunales para resolver el conflicto catalán, y ha considerado que la nueva querella obedece a una "escalada judicializadora" para intentar parar el referéndum del 1-O.

Admite a trámite la querella contra el Govern

Pero la querella contra la Mesa del Parlament no es la única que ha admitido a trámite el TSJC. También ha admitido la de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern, a los que acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, al aprobar dos decretos para organizar un referéndum independentista.

El TSJC ve indicios de que los miembros del Govern "habrían utilizado arbitrariamente" sus "potestades" al convocar un referéndum de independencia que, además, "va a incidir en el ámbito del gasto público".

En un auto, la sala civil y penal del TSJC, compuesta por tres magistrados, sostiene que existen indicios de que los miembros del Govern pudieron incurrir en un delito de malversación, que lleva aparejado penas de cárcel, dado que los decretos por los que se convocó el referéndum "suponen a la vez el inicio de un procedimiento que va incidir en el ámbito del gasto público", con varias partidas presupuestarias para gastos de procesos electorales y consultas.

El auto, que establece tres días no suspensivos para presentar recurso, sostiene que los dos decretos que acordaron la convocatoria del referéndum y las normas para organizarlo "responderían indiciariamente a la voluntad de llevar adelante" la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015.

Y ve indicios de malversación en la actuación del Govern

En opinión de la sala de admisión, los decretos que firmaron todos los miembros del gobierno catalán "presentan toda la apariencia de desarrollar las resoluciones parlamentarias" que fueron suspendidas por el Constitucional "y de contradecir mandatos y requerimientos expresos".

El TSJC recuerda que todos los querellados firmaron "de puño y letra" los decretos suspendidos, en un acto que tuvo lugar en el Parlament el pasado 6 de septiembre, pese a ser "conocedores, presuntamente, de la injusticia" de los mismos, por lo que "habrían utilizado arbitrariamente las potestades que tienen como miembros del Govern de Catalunya".

Tras insistir en que los decretos han sido suspendidos por el Constitucional, la sala admite que el Govern puede haber incurrido en un delito de malversación, dado que ambas resoluciones "suponen a su vez el inicio de un procedimiento que va a incidir en el gasto público".

Recuerda también el tribunal que la Ley de presupuestos de la Generalitat, aprobada el pasado 28 de marzo, "establece a lo largo de su articulado varias partidas presupuestarias para gastos de procesos electorales y consultas populares" e incluye una disposición expresa que el Constitucional suspendió en abril del año pasado, en una resolución que fue notificada personalmente a Puigdemont y a los miembros de su gobierno.

En ese sentido, el TSJC insiste en que las partidas aprobadas para el referéndum fueron declaradas inconstitucionales y recalca que el delito de malversación "puede ser sancionado en las fases previas de provocación, conspiración y proposición".

La sala ha acordado acumular la causa abierta contra Puigdemont por la convocatoria del referéndum a la que ya instruye la magistrada del TSJC Mercedes Armas, a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra la consellera de Gobernación Meritxell Borràs por la licitación de las urnas para el referéndum.

En el marco de esa investigación, será la instructora la que decida sobre las medidas cautelares que la Fiscalía solicita en su querella contra Puigdemont, entre las que figura imponer fianzas a los miembros del Govern, cerrar las webs sobre el referéndum y advertir a los medios de comunicación de que no publiciten la consulta.

Notificación a Puigdemont

Funcionarios del TSJC han notificado este martes personalmente al presidente de la Generalitat, la admisión a trámite de la querella contra él por el referéndum, así como las resoluciones en que el Tribunal Constitucional suspendió el 1-O.

Según ha informado el TSJC, los funcionarios han reanudado el proceso de notificaciones de las resoluciones del Constitucional, que iniciaron el pasado viernes, y han comunicado además en mano la decisión del alto tribunal catalán de admitir a trámite las querellas de la Fiscalía contra la Mesa del Parlament y los miembros del Govern.

Este mismo martes por la mañana, se ha notificado personalmente a Carles Puigdemont y al conseller de Presidencia, Jordi Turull. Al resto de los consellers no ha sido posible notificarles este martes de forma personal la resolución del TSJC que admite a trámite la citada querella.

A Puigdemont y Turull se les han comunicado además las resoluciones del Constitucional que suspendieron los decretos de convocatoria y organización del referéndum, notificación que también se ha hecho llegar personalmente a la presidenta del Parlament y a los cuatro miembros de la Mesa que votaron a favor de tramitar la ley de referéndum.