El Gobierno asume el pago de los servicios básicos de la Generalitat para evitar desvíos al 1-O

• Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
• Además, da 48 horas a Puigdemont para que comunique pagos pendientes
• "El fin es que no se destine un euro a financiar el referéndum", dice Montoro

El Gobierno interviene las cuentas de la Generalitat para evitar desvíos al referéndum del 1-O

El Gobierno de Mariano Rajoy ha intervenido las cuentas de la Generalitat al asumir el pago de los servicios esenciales en Cataluña y ha dado un plazo de 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto que garantice que no se desvíen fondos al 1-O.

Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se ha aprobado este "novedoso y necesario" mecanismo de control de pagos para Cataluña, de forma que el Estado sustituirá a la Generalitat en los mismos, con el fin de que no se destine "ni un euro" a financiar "una actividad ilegal", en referencia al referéndum independentista del 1 de octubre, y para garantizar los servicios públicos.

Además de comprometerse a no disponer de las partidas presupuestarias no destinadas a los servicios esenciales -nóminas, sanidad, educación y servicios sociales- Puigdemont deberá acreditar los pagos pendientes de la Generalitat y certificar que no van destinados al referéndum secesionista.

"El Estado sustituye en los pagos a la comunidad, no completamente, pero sí en la mayoría de pagos esenciales", ha dicho Montoro quien ha especificado que el Gobierno pagará directamente "todos los servicios públicos fundamentales", incluidas las nóminas de los funcionarios que los presten. "Mientras se sigan negando a cumplir la ley, ponen en riesgo la prestación de servicios públicos", ha argumentado.

Una decisión sin precedentes

No hay precedentes en nuestro país de una decisión de tal magnitud que el ministro no ha querido calificar como "intervención". "Los titulares pónganlos ustedes", ha señalado.

"No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal", ha remarcado Montoro, que ha avanzado que comparecerá la próxima semana en el Congreso para explicar estas medidas "extraordinarias" y que seguirán en vigor "mientras los responsables de la Generalitat mantengan esta situación de excepcionalidad".

El Gobierno da un plazo de 48 horas a Puigdemont antes de intervenir las cuentas

Además, el Ejecutivo enviará el acuerdo adoptado este viernes a las entidades de crédito para que exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General, y si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal.

El Gobierno, según un comunicado de Hacienda, también limita todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, ya que deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.

El plazo de 48 horas al Govern comienza a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo del Consejo de Ministros y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que se materializará a principios de la próxima semana, según Montoro.

El Estado ofrece "seguridad" frente a la "incertidumbre" de la Generalitat

El ministro de Hacienda ha señalado que ante la "incertidumbre" que está generando la Generalitat con su deriva soberanista y su desafío al Estado, al desobedecer las resoluciones judiciales, el Estado ofrece "seguridad".

Preguntado por si cree que la Generalitat ha gastado ya dinero público en la organización de la consulta soberanista suspendida por el Tribunal Constitucional, Montoro ha explicado que hasta la fecha la Generalitat ha enviado esos informes de gastos requeridos, pero no descarta "a estas alturas" que se haya producido un "falseamiento de documento público".

"Estamos intentando evitar las malas ideas y que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando", ha aseverado el ministro.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, anunció este jueves que ya no enviaría más esos informes a Hacienda, mientras que el Tribunal Supremo mantiene la obligación del Govern de facilitar esa información.

Por su parte, Montoro ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la decisión de la interventora de la Generalitat de acatar esa orden del Junqueras.

En la rueda de prensa, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido a los ciudadanos que "confíen" en el Gobierno porque "sabrá evitar" esa consulta que ha repetido: "No se celebrará". Y ha insistido, tal y como hizo Rajoy tras la firma del decreto de convocatoria de la consulta, en que "no se descarta nada".

Ni Méndez de Vigo ni Montoro han querido dar pistas sobre los próximos pasos del Gobierno para evitar las urnas en Cataluña. Sobre la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución de suspensión de la autonomía, han dicho: "Paso a paso". Ninguno de los dos lo ha descartado.

El portavoz del Gobierno ha considerado un "sarcasmo" y una "añagaza" la nueva oferta de diálogo lanzada por el presidente de la Generalitat que este viernes ha enviado una carta al Rey y al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la que reclama negociar un referéndum. Ha rechazado que Puigdemont pueda ofrecer ahora diálogo "a estas alturas de curso" y cuando lleva meses en una "desobediencia palmaria y continuada".