La Generalitat recurre ante el Supremo la intervención de sus cuentas por el Gobierno central

• Solicita que se suspenda el acuerdo del Ejecutivo como medida cautelar
• El Gobierno central se hace cargo del pago de servicios básicos en Cataluña
• La defensa de Forcadell pide elevar su caso al Tribunal de Justicia de la UE

La Generalitat recurre la intervención de sus cuentas

La Generalitat ha presentado esta mañana un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo para impedir que el Gobierno central intervenga sus cuentas y se haga cargo así del pago de los servicios básicos en Cataluña.

El ejecutivo catalán ha recurrido ante el Supremo porque entiende que el Gobierno español hace un uso "ilegal" de la ley de estabilidad financiera para aplicar a Cataluña el artículo 155 (el relacionado con la intervención de una comunidad)"por la puerta de atrás" para evitar el referéndum del 1-O, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Medidas cautelares solicitadas por la Generalitat

Según han explicado a Efe fuentes del Govern, el recurso presentado por el ejecutivo catalán incluye una petición de suspensión de la aplicación de este acuerdo, es decir, de medidas cautelares

El Govern considera que ahora el Tribunal Supremo deberá resolver esa petición de cautelares antes de deliberar sobre el fondo del recurso.

El Gobierno acordó el viernes asumir el control de los gastos esenciales de Cataluña -educación, sanidad, servicios sociales y nóminas, principalmente,- después de que la Generalitat se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al Ministerio de Hacienda para verificar que no derivaba recursos públicos al referéndum.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró tras el Consejo de Ministros que la decisión se tomaba para garantizar que no se destinaba "ni un euro" para financiar "una actividad ilegal". "Mientras se sigan negando a cumplir la ley, ponen en riesgo la prestación de servicios públicos", añadió Montoro.

El sábado se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de forma que se puso en marcha el plazo de 48 horas dado por el Gobierno al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad respecto a gastos no esenciales.

La defensa de Forcadell pide elevar su caso al Tribunal de Justicia de la UE

Mientras, la defensa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la admisión a trámite de la última querella de la Fiscalía por permitir que la cámara aprobara la ley del referéndum.

La defensa de Forcadell ha presentado un recurso de súplica contra la admisión a trámite de la querella que la Fiscalía presentó la semana pasada contra la presidenta del Parlament y los miembros de le Mesa por permitir que se debatieran y aprobaran las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.

En caso de que este recurso sea desestimado, la defensa pide al TSJC que plantee ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial, para que sea este quien se pronuncie sobre si es compatible con los tratados europeos la "persecución penal" de la Mesa del Parlament "por haber permitido la tramitación, debate y votación de iniciativas parlamentarias relativas al derecho de autodeterminación de Cataluña"