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El TSJC acuerda investigar por desobediencia a los líderes municipales por promover el referéndum del 1-O

  • Descarta acusarles de prevaricación y malversación
  • Admite así a trámite la querella de la Fiscalía contra ambos líderes
  • La juez de la causa contra el Govern ordena investigar si sigue abierta la web

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Concentración de alcaldes por el referéndum
El presidente de la Generalitat, Carle Puigdemont, junto al vicepresident del Govern, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la presidenta de AMI, Neus Lloveras, y el presidente de la AMC, Miquel Buch, con motivo de la concentración de alcaldes del pasado sábado, convocada por la AMI y la ACM.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado investigar a los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por un delito de desobediencia y descartar los de prevaricación y malversación.

En un auto, la sala de admisión del TSJC, tras dos días de deliberación, ha resuelto que hay indicios para investigar a Lloveras y Buch, y ha admitido a trámite las querellas de la Fiscalía contra ambos dirigentes por contribuir a "promocionar y organizar la celebración de un referéndum que pretende socavar todo el orden constitucional".

La sala, integrada por los magistrados Jesús María Barrientos -presidente del TSJC-, Carlos Ramos y Jordi Seguí, inició su deliberación el pasado viernes, 15, por la tarde, pero decidió reanudarla este lunes al no haber llegado a ningún acuerdo en las primeras horas de reunión.

Finalmente, los tres jueces han resuelto que de los hechos narrados por la Fiscalía en su querella y los documentos acompañados, que incluyen el modelo de decreto impulsado por la AMI para que los alcaldes faciliten el 1-O, se desprenden indicios de, "como mínimo, un delito continuado de desobediencia".

El TSJC ha designado instructor de la querella de la Fiscalía a Jordi Seguí, magistrado procedente de una sección civil de la Audiencia de Barcelona que ha sido designado para reforzar la sala civil y penal del alto tribunal catalán, que está instruyendo varias causas relacionadas con el proceso independentista.

La Fiscalía pide el cierre de las webs de la AMI y el ACM

La querella presentada por la Fiscalía la pasada semana tiene su origen en un correo electrónico firmado por ambos para los consejos comarcales y los ayuntamientos con información sobre el referéndum susceptible de ser usada durante la campaña previa a la consulta.

En la querella, la Fiscalía de Cataluña ordena a los alcaldes que retiren toda la propaganda relacionada con el referéndum y cualquier elemento que pueda servir para su celebración, desde las papeletas y los sobres electorales hasta las urnas. Además, insta a todos los cuerpos policiales a retirar cualquiera de esos elementos.

El fiscal pide la adopción de medidas cautelares tales como el cierre de las webs del AMI y el ACM y de cualquier medio telemático, red social o web que "impulse y dé apariencia de cobertura legal y de normalidad" al referéndum, que están pendientes de ser resueltas.

En su querella, la Fiscalía acusa a Lloveras y a Miquel Buch de llevar a cabo "actos inequívocos de promoción y organización" de un referéndum "inconstitucional". Para la Fiscalía, ambos alcaldes son "perfectamente conocedores de los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional", de la advertencias de su deber de impedir la promoción del referéndum.

Averiguar si el Govern mantiene abierta la web del referéndum

Por otro lado, la juez del TSJC que instruye la causa contra el Govern por el referéndum del 1-O ha ordenado a la Guardia Civil que averigüe si la Generalitat mantiene abierta la web del referéndum que ordenó cerrar o si ha activado otras que la sustituyan.

La magistrada Mercedes Armas ha dictado este lunes una providencia, después de que la unidad de policía judicial de la Guardia Civil le informara el pasado viernes de que el director general de Atención Ciudadana y Difusión "no atendió el mandamiento de bloqueo de la página web que le fue ordenado".

El pasado jueves, Armas ordenó a la Guardia Civil adoptar las medidas oportunas para dejar fuera de línea el acceso a las páginas web garanties.cat y connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum 2017, destinada a recabar voluntarios para organizar el referéndum del 1-O suspendido por el Constitucional.

La juez ha requerido de nuevo este lunes a la Guardia Civil que, "a la mayor brevedad posible", le informe del estado en que se encuentra la web del referéndum y "de la eventual activación por otras por parte del Govern de la Generalitat que, sustituyendo a la anterior, mantuvieran los servicios prestados por aquélla o bien cualquier otra actividad por la que se vehiculara la organización del referéndum del 1 de octubre".

El miércoles pasado, agentes de la Guardia Civil ordenaron el cierre de la página web referendum.cat, creada por el gobierno catalán para informar de la consulta del 1 de octubre, pero instantes después se activaron réplicas, algunas desde servidores alojados en el extranjero.