El Supremo tramita el recurso de la Generalitat contra la intervención de sus cuentas, que no se suspende

• Se abre un plazo de diez días para que las partes presenten alegaciones
• Los servicios jurídicos del Govern creen que el recurso paraliza la intervención
• Este martes termina el plazo para que el Estado tome el control de las cuentas

Imagen de archivo del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha dado traslado a la Abogacía del Estado del recurso presentado por la Generalitat en contra de la intervención de las cuentas autonómicas por el Ministerio de Hacienda. Una vez que los servicios jurídicos del Estado lo reciban tienen diez días para presentar sus alegaciones y sólo después el tribunal decidirá sobre la suspensión.

Por tanto, el control de las finanzas catalanas, aprobado por el Gobierno el pasado viernes, comenzará a aplicarse desde este martes, plazo límite fijado para que el Govern adopte un acuerdo de no disponibilidad.

La Generalitat de Cataluña presentó el lunes su recurso ante el Tribunal Supremo y en él pedía medidas cautelares contra la intervención de las cuentas autonómicas por el Ministerio de Hacienda, con la intención de que la orden del Ejecutivo central no entrara en vigor de forma inmediata. El Gobierno acordó el viernes pagar directamente a los proveedores y funcionarios de la Generalitat para que no se destine dinero al 1-O.

La tramitación no implica suspensión

Sin embargo, la tramitación de este recurso no implica la suspensión automática de su aplicación, en contra de lo que sostenía por la mañana el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha desmentido esta afirmación del líder de ERC, en declaraciones a la prensa.

De hecho, la petición de medidas cautelares obliga al tribunal a dar traslado a las partes para que presenten sus alegaciones. Este paso ya se ha dado y en el momento en que el Abogado del Estado reciba el recurso comenzará correr el plazo de diez días.

Según indicó Junqueras en rueda de prensa, los servicios jurídicos del Gobierno catalán consideran que el recurso paraliza la intervención y así lo defenderán ante los tribunales, lo que presumiblemente alargará la batalla hasta después de la fecha prevista de celebración del referéndum, el próximo 1 de octubre.

Termina el plazo para que la Generalitat adopte un acuerdo de no disponibilidad

Este martes finaliza el plazo dado por el Ministerio de Hacienda para que la Generalitat de Cataluña adopte un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto y un plan de recortes de gastos para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit.

Además, tendrá que remitir a Hacienda los listados con los datos de los funcionarios que cobran su sueldo del erario público para que se les pueda abonar por orden del departamento de Montoro.

Si ese acuerdo no se adopta, como es de prever, el Gobierno intervendrá la Hacienda catalana para garantizar que el Gabinete catalán no destine fondo alguno a los preparativos del referéndum del 1 de octubre.

La Generalitat podría haber optado por solicitar medidas cautelarísimas, en cuyo caso habría tenido que resolver sobre la suspensión en un plazo de 48 horas, sin necesidad de abrir plazo de alegaciones, pero al optar por las medidas cautelares, el Supremo está obligado a abrir una pieza de suspensión y a contar con el informe de la Abogacía del Estado.

El Govern considera que los tribunales suspenden la intervención

Junqueras ha explicado que la Generalitat seguirá actuando con normalidad respecto a la gestión de sus cuentas, ya que considera que la intervención prevista por el Ejecutivo central ha sido suspendida por los tribunales. Y ha anunciado, además, que contactará con las entidades financieras "por vía administrativa y notarial" para transmitir "normalidad".

Tras la reunión de este martes del Govern, Junqueras ha alegado de forma reiterada que la admisión a trámite del recurso ya tiene "efectos suspensivos" sobre el acuerdo adoptado por el Ejecutivo central, por lo que la Generalitat seguirá actuando con "normalidad" en relación con la gestión de sus cuentas.

Junqueras ha asegurado que hay "jurisprudencia" del Supremo que sostiene la tesis del Govern, pese a que este mismo tribunal remarca que la tramitación del recurso no conlleva la suspensión automática del acuerdo recurrido.

El Gobierno del Estado, ha advertido Junqueras, "no puede exigir a un tercero que actúe fuera de la ley" y "deje de cumplir con las funciones que le tocan" para favorecer sus "objetivos políticos", y así se lo harán saber a las entidades financieras, con las que se reunieron este lunes técnicos de Hacienda para darles instrucciones sobre el control de los pagos con tarjeta de los altos cargos de la Generalitat.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que comete una "manipulación absoluta" diciendo que el Supremo ha suspendido la intervención de las cuentas catalanas.

En declaraciones en el Congreso, Sáenz de Santamaría ha señalado que lo que ha hecho el Supremo ha sido "poner un sello" y dar "admisión de entrada" al recurso y que "si hay un terreno en el que no hay posverdad es el judicial", ha dicho la número dos del Ejecutivo.