Los tres primeros alcaldes citados como investigados por el referéndum del 1-O se niegan a declarar

• La Fiscalía les había citado por su apoyo al referéndum soberanista
• Se han acogido a su derecho a no declarar ante el fiscal
• Querella contra un alcalde que ordenó reinstaurar la propaganda requisada

Los tres primeros alcaldes citados por el referéndum independentista se niegan a declarar ante la Fiscalía

Los alcaldes de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona -también diputado del Parlament-, de Oliana (Lleida), Miquel Sala, y de El Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet, los tres primeros regidores que habían sido citados por la Fiscalía por respaldar el referéndum soberanista con la cesión de locales, se han acogido este martes a su derecho a no declarar, según informan fuentes jurídicas.

Los tres han acudido este martes a la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña y del ministerio público en La Seu d'Urgell (Lleida) ya que habían sido citados como investigados por colaborar en la organización del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, finalmente se han negado a prestar declaración porque consideran que el ministerio público se está extralimitando al imputarles y que la causa del referéndum está judicializada.

Ante la Fiscalía Superior de Cataluña, dada su condición de aforado, ha comparecido el alcalde de Mollerussa, quien ha intentado sin éxito justificar su negativa a declarar haciendo un alegato con el que pretendía denunciar que el ministerio público no debía actuar contra él porque el asunto del referéndum está ya en manos de los jueces.

Pero el fiscal que le interrogaba, José Joaquín Pérez de Gregeorio, le ha avisado de que debía limitarse a contestar si estaba o no dispuesto a declarar, sin dar más explicaciones. Finalmente Solsona ha abanadonado a sede judicial sin firmar el acta de la declaración.

Una instrucción de la Fiscalía General del Estado

La semana pasada, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó una instrucción en la que se ordenaba que se citara como investigados a aquellos ediles que firmaron decretos para ceder locales para el 1-O, con la advertencia de que si no comparecían serín detenidos.

En la instrucción que Maza dirigía a la Fiscalía de Cataluña y las provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, adjuntaba un listado con más de 700 alcaldes que han mostrado su disposición para ceder locales para el referéndum del 1 de octubre.

Esas diligencias de la Fiscalía contra los alcaldes transcurren en paralelo de las causas que instruyen el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Govern por el referéndum y contra los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por organizar el 1-O a través de los alcaldes.

Querella criminal contra el alcalde de Moià

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha presentado una querella criminal por desobediencia, amenazas y coacciones contra el alcalde de Moià (Barcelona), Dionís Guiteras (ERC), por un decreto ordenando a la Policía Local del municipio restituir "de forma inmediata" material de propaganda del 1-O que había requisado.

En el decreto, Guiteras advirtió al cuerpo policial, que ha ejercido de policía judicial, de que si "en el plazo de 24 horas" no se cumplía su orden "tomará las medidas oportunas de acuerdo con la legalidad vigente", después de considerar que la retirada de carteles representa una "obstaculización de las libertades públicas, insubordinación hacia la autoridad del alcalde y desobediencia a las instrucciones legítimas dadas por éste".

En paralelo, la Abogacía del Estado ha presentado un recurso en el juzgado de instrucción administrativo contra el decreto del alcalde de Moià y ha pedido como medida cautelarísima la supresión de dicho decreto de forma inmediata.

El secretario general de administración local y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del sindicato CSIF Cataluña, Eugenio Zambrano, había denunciado previamente conocer las "amenazas y coacciones que están recibiendo policías locales" que están cumpliendo las resoluciones de la Fiscalía y ha lamentado que Guiteras, en su opinión, crea que está "por encima de la ley".