La sindicatura electoral del 1-O se revuelve contra el Constitucional, que ha de decidir si les multa

• Los síndicos catalanes recusan a los jueces del TC y les inundan de recursos
• El Pleno debe resolver esto, una cuestión prejudicial y otra de inconstitucionalidad
• El Constitucional tiene que decidir si les multa por desobedecer sus resoluciones

Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.

Los cinco miembros de la Sindicatura creada por el Parlamento de Cataluña para ejercer a modo de Junta Electoral en el referéndum del 1 de octubre han recusado a la totalidad de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), quienes precisamente este miércoles tenían sobre la mesa abordar la posible imposición de multas a todos ellos por ignorar sus resoluciones. Pretenden que el tribunal se aparte de la resolución de este asunto, alegando falta de imparcialidad.

Fuentes del tribunal de garantías han señalado a Europa Press que, además de la resolución de este incidente de recusación, en el Pleno los magistrados deben resolver otras peticiones de los síndicos dirigidas a cuestionar la propia constitucionalidad de su actuación.

Se trata en concreto de una cuestión prejudicial penal y una cuestión de inconstitucionalidad, cuyo análisis retrasará la respuesta final que debe darse sobre la eventual desobediencia por parte de estas personas a los mandatos del tribunal.

El pleno del TC ya se ha enfrentado a una recusación similar en relación con la suspensión del referéndum catalán, la que le presentó la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell. La rechazó de plano y por unanimidad al considerarla "impertinente y abusiva" -los magistrados resolvieron esta cuestión al no existir ninguna instancia superior, a pesar de que les afecta a todos ellos-.

Es de suponer que la respuesta a la recusación por los síndicos se resuelva con argumentos similares, aunque el pleno deberá estudiar el asunto, lo que retrasará su respuesta a la supuesta desobediencia cometida por los citados juristas independentistas.

La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge, que deberán informar ahora de sus actividades al tribunal de garantías. Contra todos ellos ya se ha querellado la Fiscalía y el procedimiento penal está pendiente de admitirse a trámite por la Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, María Concepción Cantón.

Amenaza de multa por desobediencia

La semana pasada el tribunal de garantías pidió a los miembros de la sindicatura electoral que informaran de cómo estaban cumpliendo con la suspensión de la consulta. A partir de esta petición, que no ha recibido respuesta satisfactoria los magistrados podrían abordar ahora medidas como la imposición de multas en caso de desobediencia por parte de estas personas.

Las multas son una atribución con la que el Constitucional ya contaba antes de la última reforma de su Ley Orgánica -dirigida a mejorar los instrumentos para que el TC haga cumplir sus resoluciones-, si bien tras la reforma se elevó su cuantía.

En la providencia en la que se admitió a trámite el recurso del Gobierno contra el nombramiento de los miembros de la Sindicatura ya se les instaba a abstenerse "de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación y de la creación de ningún registro o fichero necesarios para la celebración del referéndum". Sin embargo estos nombramientos fueron realizados.

El Constitucional, ante una decisión crucial

El Tribunal Constitucional se enfrenta con la cuestión de las posibles multas a los miembros de la Sindicatura Electoral catalana a una decisión delicada, que podría romper la unanimidad interna del tribunal y que supondría aplicar una reforma legislativa, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, rodeada por la polémica.

El alto tribunal nunca hasta ahora ha puesto encima de su mesa de debate una propuesta de sanciones graves por incumplimiento de sus sentencias. Y siempre ha resuelto con unanimidad sus fallos frente al independentismo catalán.

Ambas constantes podrían variar si decide aplicar una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que le permite sancionar con suspensión o multas relevantes a altos cargos o autoridades políticas que desobedezcan sus resoluciones.

Es cierto que la medida afectaría a figuras de menor relevancia, los recién elegidos miembros de la Sindicatura Electoral catalana encargada del seguimiento de la convocatoria del 1 de octubre, y se ceñiría a la opción menor, la multa, pero cabe recordar que la reforma que lo permite fue polémica, porque aunque fue plenamente legítima y avalada por el propio TC, lo fue con oposición interna y, sobre todo, porque ha recibido en esta legislatura el voto en contra de la mayoría del Congreso (incluido el PSOE), que sin embargo no ha sido capaz de aprobar un texto alternativo.