Citan como investigado a Grau por la financiación de las campañas del PP de 2007 y 2011 en Valencia

• Es investigado por los delitos de cohecho, malversación y delito electoral
• También citan al exgerente del PP provincial y a la gerente del PP nacional

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, en una imagen de archivo de 2016.

El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga los casos Imelsa y Taula, ha citado a declarar como investigado -lo que antes era la figura de imputado- al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, en la pieza relativa a la financiación de las campañas del PP de la capital valenciana de 2007 y 2011, a través de la empresa Laterne.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), también han sido citados como investigados el exgerente del PP provincial, José Moscardó y la tesorera del PP nacional, Carmen Navarro.

Grau declarará como investigado por los delitos de cohecho, malversación y delito electoral el próximo 6 de octubre, mientras que los otros dos investigados están citados para el 16 del mismo mes.

El auto, fechado el 20 de septiembre, se basa en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que se desprende que el que fuera administrador de Laterne Product Council (LPC) Vicente Sáez, ya fallecido, y Alfonso Grau acordaron "utilizar el entramado empresarial" del primero para "alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros".

Gastos por más de 2,5 millones de euros

Esta operativa se llevaba a cabo, según se explica en la resolución, "velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".

Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado "tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas" figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.

En el epígrafe 'Coste Total Campaña' aparecen gastos por un total de 2.538.731 euros y, a continuación, se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como 'aportaciones' por un total de 2.683.750 euros.

Sin embargo, el magistrado resalta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendió a la suma de 133.762 euros.

Procedimiento para canalizar entradas de dinero

El instructor de esta causa desgrana también los distintos procedimientos empleados para canalizar dichas entregas de dinero.

En primer lugar, señala que se producían a través de aportaciones provenientes de fundaciones y organismos vinculados al Ayuntamiento de València y que "no obedecerían a servicios efectivamente prestados a los mismos por Laterne u otras empresas del grupo empresarial de Vicente Sáez".

Por este procedimiento concreto, el juez dice que existen indicios suficientes para citar como investigado a Juan Eduardo Santón, exconcejal del PP, por su actuación en representación de una de estas fundaciones.

Otro procedimiento lo constituirían aportaciones de una serie de empresas privadas, todas ellas relacionadas contractualmente con el consistorio en el que gobernaba el PP de Rita Barberá, con las que se habría acordado "sufragar y financiar los gastos de campaña".

Entrega de 350.000 euros en billetes de 500

Otra vía de entrada de efectivo, por un importe de hasta 620.000 o hasta 1.119.600 euros, según diversos documentos incorporados a la causa, provendría de firmas supuestamente implicadas en la constitución de una empresa, Product Management Council S.L. (PMC), que fue constituida en 2007 pero de la que "no hay ninguna justificación" en el empleo de esos fondos, "no contó con trabajadores".

El informe recoge también una operativa por la que se habría satisfecho, ya en 2008, el importe de gastos que quedaban por pagar y que distintas empresas prestatarias de los servicios para la campaña reclamaban a LPC. "Esta operativa implica directamente a Alfonso Grau", según consta en el auto.

Jesús Gordillo, exasesor de Grau y que trabajó para Laterne, manifestó en su declaración que el exvicealcalde le entregó 350.000 euros en billetes de 500 y le dio instrucciones para recoger en una empresa un cheque de 150.000. Estas cantidades, finalmente, sirvieron presuntamente para llevar a cabo el pago de las cantidades adeudadas a las distintas mercantiles que habrían colaborado en la campaña.

El caso Imelsa, que debe su nombre a una empresa de la Diputación de Valencia, investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales, amaños en contratos desde varias administraciones públicas valencianas, blanqueo de capitales y delito electoral.