El juez investiga si el Govern ha destinado al referéndum 6,2 millones
- Investiga si ha desviado fondos de las tres partidas anuladas por el TC
- Son una partida de Gobernación y otras dos de fondos de varios departamentos
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga si la Generalitat de Cataluña ha desviado al referéndum independentista del 1 de octubre 6,2 millones de euros correspondientes a tres partidas presupuestarias anuladas por el Tribunal Constitucional, según el auto por el cual se ordenaron los registros en la operación de la Guardia Civil lanzada este miércoles.
El auto, fechado el 19 de septiembre, ordenaba los registros para "localizar, intervenir y poner a disposición judicial", la documentación "en soporte físico e informático o digital" que pudiera estar relacionada con esas partidas "acreditando el posible desvío de fondos" hacia actividades que han sido "declaradas inconstitucionales".
En concreto, el juzgado señala las tres partidas presupuestarias, una de Gobernación por valor de 407.450 euros, y otras dos de fondos interdepartamentales por valor de 5,8 millones, que fueron aprobadas por el Govern para la celebración del referéndum y anuladas después por el Tribunal Constitucional en caso de que se destinaran a la financiación del 1-O.
Toda documentación relacionada con "la celebración del referéndum"
Toda aquella documentación que pudiera estar relacionada con "la celebración del referéndum y la planificación, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de estructuras de estado" debía ser localiado intervenido y puesto a disposición judicial, según el auto al que ha tenido acceso RTVE.es.
El auto autorizaba también a la intervención de "cualquier dispositivo de comunicación o electrónico" de los investigados y al volcado de los contenidos de los aparatos intervenidos.
Las tres partidas presupuestarias objeto de la investigación forman parte del apartado 132 de los Presupuestos de la Generalitat para 2017, correspondiente a la organización, gestión y seguimiento de procesos electorales.
Con la actuación ordenada en este auto se pretende evitar, según recoge el escrito, "la posible destrucción" de pruebas, la "ocultación de fondos procedentes de la actividad presuntamente delictiva" y la ocultación de "información" que vincule a otras personas con "la trama delictiva investigada".
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ya ordenó el cierre de la web del referéndum catalán y pidió a la Guardia Civil que investigara si la Generalitat la mantenía abierta o había activado otras webs en su sustitución.
Precisamente, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difundido este jueves a través de Twitter el enlace a una web en la que los ciudadanos pueden consultar los colegios electorales del 1-O.