La Fiscalía de la Audiencia Nacional presenta una denuncia por sedición por los disturbios en Cataluña

• Se investigarán por sedición los altercados tras las detenciones del 1-O
• Varios coches de la Guardia Civil resultaron dañados en concentraciones
• Señala a las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural

La Fiscalía presenta una denuncia por sedición por los disturbios en Cataluña

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes una denuncia en este tribunal para investigar por sedición los disturbios ocurridos en Cataluña durante la operación policial para evitar la celebración del referéndum del 1-O, han confirmado a RTVE fuentes jurídicas.

Ante la gravedad de los hechos la Fiscalía ha presentado una denuncia por sedición firmada por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, según las citadas fuentes

Según el artículo 544 del Código Penal, "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

En estas conductas encajarían los disturbios que protagonizan desde el pasado miércoles centenares de independentistas para sabotear la operación policial ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra la organización del referéndum del 1-O y en los que se produjeron situaciones como daños en coches policiales frente a la Conselleria de Economía.

La Fiscalía señala a los presidentes de ANC y Omnium

En el documento, suscrito por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, se detallan todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre y se pide a la Guardia Civil que elabore un atestado para buscar a los autores de estos altercados.

Se apunta a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios "conscientes de que dificultarían la intervención policial", haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil.

Menciona que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa. Al presidente de Omniun Cultural, Jordi Cuixat, también le cita subido junto a Sánchez encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien luego al ver que no podía controlar la concentración pidió a los manifestantes que se disolvieran, destaca la denuncia.

Los líderes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han asegurado "no tener miedo", pese a ser señalados por la Fiscalía en la denuncia por sedición y han hecho un llamamiento a la "movilización permanente y pacífica".

Penas de hasta 10 años de cárcel

Las penas por el delito de sedición oscilan entre los 8 y 10 años de cárcel para los que hubieran inducido, sostenido o dirigido la sedición y de 10 a 15 si son autoridades públicas las que lo han promovido.

A raíz de la puesta en marcha el miércoles de la llamada operación Anubis, en la que fueron detenidas 14 personas relacionadas con los preparativos del referéndum, entre ellas los dos directos colaboradores del responsable de Economía del gobierno catalán, Oriol Junqueras, miles de independentistas salieron a la calle para entorpecer la labor policial.

La comitiva judicial y los miembros de la Guardia Civil, que habían entrado hacia las ocho de la mañana en la Consejería de Economía, abandonaron el edificio pasadas las 7 horas del día siguiente, después de que la policía autonómica lograse crear un cordón de seguridad. Los tres coches de la Guardia Civil sufrieron numerosos desperfectos y tuvieron que ser retirados de la calle con el uso de grúas.

El juez que investiga el 1-O y que había ordenado el registro tuvo incluso que llamar al Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para ordenarle que sus agentes abrieran un corredor de seguridad para permitir la salida de la comitiva judicial y de la Guardia Civil.